El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha asegurado este martes que su propuesta para renovar el órgano de gobierno de los jueces no tiene «éxito» porque los partidos políticos quieren «su cuota de poder».
Guilarte se ha pronunciado así en la jornada «¿Cómo nombramos el Consejo General del Poder Judicial? Un debate sobre las fórmulas de renovación y reforma posibles«, que se ha celebrado en el Ateneo de Madrid con la participación de los representantes de las asociaciones judiciales.
En el marco de su intervención, ha señalado que cree que pecó de «soberbio» al presentar su propuesta para renovar el CGPJ. «He pecado de soberbio porque pensé que, cuando accedí al cargo de presidente, la única función que debía cumplir –aparte de las naturales del cargo– era propiciar la renovación del CGPJ«, ha apuntado, al tiempo que ha señalado que pensó que su opinión podía «tener algún peso». «No por mí sino por lo que representaba», ha matizado.
Con todo, ha explicado que cree que su propuesta no tendrá «éxito» porque dicha renovación está «en manos de la política», que –a su juicio– «quiere captar su cuota de poder en el ámbito del Poder Judicial». «Cualquier fórmula que busque evitar ese problema, como objetivar nombramientos, creo que va a tener dificultades«, ha lamentado.
Así las cosas, ha aprovechado para afear de nuevo que los partidos políticos lleven cinco años debatiendo la renovación. «Lo que percibimos es que cada negociador tiene más interés en culpabilizar al otro del desencuentro que solucionar el desencuentro«, ha apuntado.
Fue el pasado abril cuando Guilarte envió a Congreso y Senado su propuesta para evitar futuros bloqueos del órgano. En concreto, planteaba dos fórmulas: dar continuidad a la elección parlamentaria de los vocales si los nombrados son ajenos «a toda contaminación política previa» y que el nombramiento de los vocales judiciales –12 de los 20– quede en manos de los propios jueces pero con la misma prevención.
En su escrito, sostenía que la propuesta era «a título personal» y no representaba la opinión del órgano de gobierno de los jueces, sino que tenía por objeto contribuir a desbloquear la renovación, pendiente desde 2018.
