«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Cada vez son más las mafias organizadas que entienden cómo sortear la ley

El problema de la okupación sigue al alza en España: cada día se producen más de 40 allanamientos de morada

La okupación se ha disparado durante el mandato de Pedro Sánchez. Redes Sociales.

Con motivo de su 75º aniversario y el desarrollo del VIII Congreso Nacional API en Ávila, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España ha organizado varias mesas redondas en las que, entre otras cosas, ha alertado de los problemas de okupación que sufre España. De todo lo relacionado con la vivienda, la parte dedicada a analizar el contexto jurídico ha despertado especial interés, abordando temas como la regulación del mercado inmobiliario y el problema del allanamiento de morada en el país.

La mesa de debate, moderada por Montserrat Junyent, vicepresidenta de FADEI (Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias), ha contado con la participación de figuras clave en el ámbito jurídico, como María Pastor, decana del Colegio de Abogados de Mataró; José Merino, asesor jurídico del Consejo General de API; Carles Sala, asesor legal de los API de Cataluña; y Cristina Vallejo, socia directora de VPG Abogados.

María Pastor subrayó que el marco legislativo vigente en España parece beneficiar indirectamente la okupación ilegal de viviendas. Según la decana, esta práctica ilegal «ha crecido como una mancha de aceite», y a excepción de la Comunidad de Madrid, todas las comunidades autónomas registran un aumento significativo en estos casos, con un promedio de más de 40 okupaciones ilegales diarias.

José Merino se mostró tajante sobre la situación: «Desde mafias organizadas hasta manuales de okupación y métodos como la ‘técnica Telepizza’ —usados para aprovechar las brechas legales actuales— el panorama es alarmante». Merino insistió en la necesidad de proporcionar garantías legales a los propietarios para evitar la desaparición del mercado de alquiler en el país.

Carles Sala abordó la importancia del término «gran tenedor» en el contexto de la recuperación de viviendas okupadas. Según el experto, el procedimiento varía según si el propietario es o no considerado gran tenedor, lo que representa un factor clave para agilizar la recuperación de inmuebles. Sala enfatizó la urgencia de «redefinir la narrativa» sobre la okupación ilegal, de modo que la sociedad la vea como un acto ilícito y se facilite la devolución de las propiedades a sus dueños.

Por su parte, Cristina Vallejo hizo hincapié en la urgencia de restaurar la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario, denunciando que la Ley de Vivienda no sólo no ha frenado el aumento de la okupación ilegal, sino que incluso la ha «blindado». Vallejo apuntó que actualmente un pequeño propietario que logra recuperar su inmueble en un plazo de siete meses debe considerarse «afortunado».

Además, Vallejo resaltó una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional el hecho de que un okupa vulnerable tenga prioridad en acceder a un alquiler social sobre una familia que, cumpliendo con la normativa, ha esperado años en una lista para este tipo de ayudas.

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