Una madre desempleada y con tres hijas a su cargo de 16, 6 y 4 años llamada Amaya se encuentra en una situación límite. Tras casi un año sin recibir el pago del alquiler por parte de su inquilina, decidió este lunes pedir limosna frente al Ayuntamiento de Portugalete, la localidad vizcaína donde está situado su único piso en propiedad. Con una pancarta en la que denuncia la injusticia que vive, Amaya explicaba que, mientras ella cobra 907 euros del paro, su inquilina, que trabaja a media jornada, y su hija, estudiante universitaria, disfrutan de la vivienda sin pagarle la renta. «Mis hijas necesitan ese dinero, pero yo estoy manteniendo a dos adultas que pueden trabajar perfectamente», expresaba con frustración según informa el diario LibreMercado.
Amaya compró ese piso con mucho esfuerzo a los 25 años y aún lo está pagando, incluso en medio de su compleja situación económica actual. Los gastos mensuales de la hipoteca, la comunidad y el agua suman más de 700 euros, una cifra que apenas puede cubrir con su prestación por desempleo. Además, ha tenido que asumir otros gastos, como el seguro de la vivienda, el impuesto de bienes inmuebles (IBI), y el abogado que lleva su caso contra la inquilina que no paga. A pesar de todo, sigue sin ver una solución clara.
Hace tres meses, Amaya compartió su historia en medios locales, describiendo cómo creció en Portugalete y cómo su madre la avaló para comprar su primer y único piso. Con lágrimas en los ojos, relataba cómo pasó gran parte de su juventud trabajando sin descanso detrás de una barra para poder ahorrar el dinero necesario para adquirir la vivienda. Años más tarde, por cuestiones personales, decidió mudarse a Extremadura y alquilar su piso. Fue entonces cuando su actual inquilina la contactó insistentemente, diciéndole que también era madre soltera y que necesitaba un lugar donde vivir porque sus antiguos caseros se iban a separar. Amaya, compasiva por la situación, accedió a alquilarle el piso. Hoy, se pregunta si aquella mujer habría hecho lo mismo con sus anteriores propietarios.
A lo largo de estos meses, Amaya ha intentado en varias ocasiones desalojar a su inquilina, pero la mujer ha logrado aplazar el desahucio alegando razones médicas. Ahora, Amaya teme que pueda volver a paralizar el proceso acogiéndose a las medidas adoptadas por el Gobierno en favor de los más vulnerables. «Llevo casi un año esperando, y ya no me sorprende nada», confesaba con desánimo.
Este lunes, mientras estaba en la puerta del ayuntamiento, la alcaldesa de Portugalete se acercó a hablar con ella y le prometió que alguien de Asuntos Sociales bajaría a atenderla, algo que finalmente no ocurrió, según Amaya. Por eso, ha decidido continuar con su protesta, buscando alguna respuesta de las autoridades. En su desesperación, asegura que su única opción es permanecer allí hasta que se le ofrezca una solución.
Amaya pertenece al 92% de los pequeños propietarios en España que alquilan viviendas, lejos de la imagen del «especulador» que muchas veces se asocia a los arrendadores. Su situación refleja la dificultad que atraviesan muchos de estos propietarios, quienes dependen del pago de los alquileres para sobrevivir.
