El PSOE ha manifestado su fuerte desacuerdo con las últimas acciones del juez que investiga a Begoña Gómez, quien ha citado a Pedro Sánchez para declarar como testigo el 30 de julio. Desde Ferraz han anunciado que recurrirán esta decisión, al igual que han hecho con resoluciones anteriores, calificándolas de «absolutamente injustificadas». Sin embargo, no pueden llevar a cabo esta maniobra ya que no están personados en la causa.
Fuentes internas del PSOE han denunciado lo que perciben como una «persecución política orquestada por la derecha y la ultraderecha», acusando a estos sectores de intentar lograr mediante «oscuras maniobras judiciales» lo que no pudieron alcanzar en las elecciones. En su opinión, las recientes diligencias judiciales que afectan a Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias demuestran la motivación política detrás del caso. Según estas fuentes, la causa se basa en «una colección de bulos judicializados por conocidas organizaciones de derecha y ultraderecha contra el presidente elegido en las urnas».
Además, el PSOE sostiene que la investigación en curso es una «investigación prospectiva sin fundamento jurídico alguno», subrayando que los informes de la Unidad Central Operativa y los recursos de la Fiscalía han demostrado la inexistencia de una causa sólida. En este contexto, las mismas fuentes afirman que «PP y VOX no se saldrán con la suya» y confían en que «la Justicia acabará prevaleciendo», asegurando que «la verdad y la democracia se impondrán frente a este atropello democrático».
Por otro lado, fuentes adicionales de la dirección socialista han ido más allá, calificando la citación judicial de Sánchez como testigo por parte del juez Juan Carlos Peinado como un claro caso de «prevaricación». Esta citación, prevista para el 30 de julio en el palacio de la Moncloa, ha sido interpretada como un intento de desestabilizar al Gobierno mediante el uso de procedimientos judiciales cuestionables.
