La consejera de Salud, Concepción Saavedra (PSOE), ha defendido que Asturias garantice primero la vacunación de su propia población antes de entregar parte de sus dosis para atender a los inmigrantes ilegales llegados a Ceuta. La posición de la dirigente socialista introduce en la práctica un criterio de prioridad para los residentes de la comunidad a la hora de repartir unos recursos sanitarios limitados, un planteamiento que recuerda a la denominada «prioridad nacional» defendida tradicionalmente por VOX y duramente cuestionada desde la izquierda.
Saavedra realizó estas declaraciones en vísperas de la reunión extraordinaria de la Comisión de Salud Pública, convocada para este lunes a las 12.30 horas. En ella se expondrán a las comunidades autónomas las necesidades de vacunación existentes en Ceuta y se estudiará qué territorios pueden aportar dosis para hacer frente a la situación.
La responsable socialista reconoció la necesidad de inmunizar a las personas procedentes del extranjero que carezcan de las vacunas incluidas en el calendario español, especialmente para prevenir posibles problemas de salud pública. Sin embargo, dejó claro que la colaboración del Principado estará condicionada por las necesidades de los propios asturianos: «También tenemos que vacunar a los propios», señaló.
Asturias, por tanto, no se ha comprometido de antemano a entregar vacunas. El Gobierno autonómico esperará a conocer las peticiones formuladas durante la Comisión de Salud Pública y posteriormente comprobará sus existencias antes de adoptar una decisión. Saavedra recordó que las compras realizadas por cada comunidad están calculadas en función de su población y aseguró que tendrán que estudiar «hasta dónde» pueden colaborar.
El planteamiento resulta políticamente llamativo por proceder de un Gobierno del PSOE, después de las numerosas polémicas mantenidas con VOX alrededor del concepto de «prioridad nacional». La diferencia, en este caso, es que Saavedra ha circunscrito su posición a la disponibilidad concreta de vacunas adquiridas para la población asturiana y a la necesidad de garantizar primero el abastecimiento previsto por su servicio sanitario.
Paralelamente, la consejera afronta otro frente abierto con los profesionales sanitarios. Asturias continúa negociando con los sindicatos médicos la futura Ley de Ordenación del Personal del Sespa. Aunque las organizaciones han valorado algunos avances del borrador, lo consideran «insuficiente» y denuncian tanto su «improvisación» como el excesivo margen concedido a la Administración para decidir sobre la movilidad de los trabajadores. Además, mantienen sobre la mesa la posibilidad de nuevas movilizaciones en otoño por la reforma estatal del Estatuto Marco.
