El Gobierno vasco ha autorizado los primeros terceros grados para dos presos de ETA desde que asumió la gestión de las prisiones en la región. Los beneficiados son Harriet Iragui, responsable de varios asesinatos, entre ellos el del concejal del PP de Málaga, José Martín Carpena, el fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, y el coronel del Ejército del Aire Antonio Emilio Muñoz, así como Luis Mariñelarena, involucrado en el atentado con coche bomba que acabó con la vida del socialista Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza.
Esta decisión se ha tomado apenas tres meses después de que María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos, asumiera su cargo como parte del nuevo ejecutivo de coalición. Desde 2019, tras un acuerdo del presidente Pedro Sánchez, la competencia de prisiones fue transferida al País Vasco, pero hasta ahora había estado bajo control del PNV. Fuentes del Departamento de Justicia han confirmado que la medida se ha comunicado ya a las víctimas, según información recogida por Abc.
Las condenas de Iragui suman más de 100 años de prisión debido a sus múltiples crímenes. En 2011 fue sentenciado por la Audiencia Nacional a 30 años por el asesinato de Martín Carpena, y en 2002 recibió 45 y 53 años de prisión por los homicidios de Luis Portero y Antonio Emilio Muñoz, respectivamente. Por su parte, Mariñelarena fue condenado por su participación en el atentado que acabó con la vida de Buesa en Vitoria en el año 2000, crimen ordenado por el dirigente etarra Javier García Gaztelu, alias Txapote, tras la tregua rota de ETA en 1998.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha reaccionado a esta decisión, y ha criticado a la consejera San José por continuar con lo que consideran una «política engañosa» que sigue el modelo del PNV. El colectivo denuncia que se están otorgando terceros grados a presos de ETA sin que estos demuestren arrepentimiento, una exigencia que, según Covite, debería ser imprescindible para progresar en el régimen penitenciario. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha señalado que los presos de ETA a menudo rellenan un formulario genérico para simular arrepentimiento, pero subraya que en la práctica no lo están.
