Emisarios del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han mantenido encuentros discretos con antiguos dirigentes del Partido Popular (PP), investigados en diversos casos judiciales, con la finalidad de ofrecerles posibles ventajas legales, incluida la amnistía o la reducción de sus cargos. A cambio, les solicitaban información comprometida sobre la formación liderada por Alberto Núñez Feijoo. Estas reuniones, que comenzaron en el otoño de 2023, se extendieron hasta septiembre de 2024, momento en que se hizo pública la existencia de una operación de propaganda diseñada por Ferraz para atacar a jueces, fiscales, periodistas y líderes de la oposición, según revela este miércoles El Confidencial.
Entre los contactos del PSOE figuran personas como Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo y expresidente de la Generalidad Valenciana, condenado recientemente a más de diez años de cárcel por corrupción; Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid e investigado en el caso Lezo; y Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad acusado en la operación Kitchen. También se involucraron altos cargos de la Policía Nacional durante los gobiernos del PP, quienes fueron contactados por los socialistas.
Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, fue el encargado de supervisar este acercamiento, con el apoyo de su equipo más cercano, entre ellos Leire Díez Castro, antigua directiva de Correos, la periodista P.L.L., y un empresario bajo investigación en la Audiencia Nacional por fraude y blanqueo de capitales. En algunos momentos, representantes de Junts per Catalunya también participaron en estas negociaciones, particularmente durante las discusiones sobre el texto final de la ley de amnistía a principios de 2024. La intención era que algunos exdirigentes del PP se beneficiaran de la amnistía a cambio de aportar información relevante para la comisión de investigación sobre la operación Cataluña, incluida en el pacto entre Junts y PSOE.
En el transcurso de las conversaciones, se llegó a plantear la posibilidad de modificar el artículo 1, punto 1, letra e) de la ley de amnistía para incluir explícitamente a los investigados en casos como Kitchen. Según documentos obtenidos por El Confidencial, el PSOE y Junts consideraron modificar el texto para que el perdón incluyera «las acciones realizadas en el curso de operaciones policiales o administrativas» que tuvieran como objetivo obstaculizar procedimientos legales, siempre que no implicaran enriquecimiento personal. También se evaluaron otras fórmulas que abarcaban a miembros de las fuerzas de seguridad que hubieran utilizado recursos públicos para interferir en actividades relacionadas con el procés.
Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto. La desconfianza de los exdirigentes del PP y la reticencia de ciertos sectores de Junts a beneficiar a personas investigadas en casos de corrupción frenaron el acuerdo. Finalmente, la versión definitiva de la ley sólo incluyó a aquellos agentes de seguridad que participaron en operaciones vinculadas con el referéndum del 1 de octubre en Cataluña o movilizaciones relacionadas, excluyendo a los implicados en la operación Kitchen.
A pesar de esto, el PSOE no abandonó sus esfuerzos. Aunque tras enero de 2024 dejó de ofrecer la amnistía como tal, sí propuso a los exdirigentes del PP la posibilidad de influir en las acusaciones que enfrentaban a través del Ministerio Público. El objetivo era que estos políticos ratificaran la veracidad de audios y documentos perjudiciales para el PP o aportaran información sobre casos como los ERE en Andalucía, así como sobre la implicación del partido en la operación Cataluña.
