Mientras la izquierda se preocupa por imponer ideología en las aulas, los etarras siguen encontrando acomodo en la educación pública. Este jueves, la Unión del Pueblo Navarro (UPN) presenta en el Parlamento foral dos proposiciones de ley para impedir que terroristas condenados puedan acceder a empleos con contacto habitual con menores. El caso que ha encendido todas las alarmas es el de José Javier Osés Carrasco, etarra condenado, hoy profesor interino de Economía en un instituto público de Tudela.
Osés Carrasco no es un nombre cualquiera. Fue detenido en Francia por su implicación en la banda asesina ETA, con la que mantenía vínculos desde 2004. Tras cumplir condena, volvió a Navarra, donde fue recibido con un homenaje –el conocido ongi etorri– en Burlada. Pero no fue el único. También en las fiestas de Villava (2015) y Tafalla (2017) se exigió su excarcelación.
En enero salió a la luz que Osés consiguió una plaza interina en el IES Valle del Ebro tras aprobar las oposiciones, aunque sin lograr plaza fija. Desde entonces, UPN exige poner freno a este tipo de situaciones que indignan a cualquier ciudadano decente. Su propuesta busca blindar la presencia de menores frente a individuos condenados por delitos de terrorismo, exigiendo para el acceso a estos puestos un certificado que acredite la ausencia de este tipo de antecedentes.
Pero la iniciativa no prosperará. El Partido Socialista de Navarra (PSN), que gobierna Navarra gracias a los pactos con Geroa Bai, Contigo-Zurekin y la abstención cómplice de EH Bildu, ya ha anunciado que votará en contra.
La propuesta de UPN quiere proteger a los menores y garantizar que no haya etarras educando en las escuelas. En el documento, al que ha accedido Abc, se afirma que «la deslegitimación del terrorismo es especialmente importante con las generaciones actuales y futuras». Y añade: «No resulta lógico ni conforme con los valores democráticos encargar estas tareas a personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo».
Además de impedir su acceso a puestos educativos, UPN pretende cortar las subvenciones públicas a entidades o personas que contraten a condenados por delitos de terrorismo. La ley impediría que obtuvieran la condición de beneficiarios o colaboradores en programas financiados con dinero público.
Pese a todo, las proposiciones de ley serán tumbadas por el PSN y sus socios. Así, Navarra seguirá siendo un territorio donde los terroristas pueden encontrar trabajo en colegios, mientras las víctimas siguen siendo ninguneadas. La educación pública, bajo el mando de la izquierda, se convierte en una herramienta de blanqueamiento moral de quienes sembraron el terror en el país.
