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LA MINISTRA IRENE MONTERO DESCARTA DIMITIR

El PSOE reconoce que las rebajas de penas por la ley del «sólo sí es sí» son irreversibles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Europa Press

El número de delincuentes sexuales que se ha visto beneficiado por la ley del «sólo sí es sí» asciende ya a 400 entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma, 122 más que el pasado viernes, cuando se llegó a 278.

Los últimos beneficios registrados han sido comunicados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha sumando seis nuevas rebajas: cinco en Málaga –uno de ellos ha conllevado excarcelación– y uno en Jaén. Asimismo, en Cataluña, la Audiencia Provincial de Lérida ha rebajado de siete a cinco años y cuatro meses la pena de prisión a un condenado por un delito de agresión sexual; y en Zaragoza un violador estudia reclamar una indemnización tras ser rebajada su condena.

Cabe señalar que desde el pasado 7 de octubre, cuando entró en vigor la ley, se ha ordenado la excarcelación de un total de 28 individuos... y todo mientras la ministra de Igualdad, Irene Montero, admite una «discrepancia fuerte» en el Gobierno para reformar la norma, pero descarta dimitir si no se produce el acuerdo.

«Mi obligación es dar la cara (…) para tratar de proteger el principal avance feminista en 20 años», dijo este viernes, antes de afirmar que «no ha habido ley feminista» en la que no hayan tenido «discrepancias» y sostener que esperan que ahora lo puedan «resolver». También insistió en que Podemos no va a renunciar «a poner el consentimiento en el centro». «Siempre que ha habido una ley (feminista) ha habido una resistencia y por eso necesitamos una respuesta fuerte como Gobierno (…). El consentimiento no se puede tocar», agregó. Además, negó que se les avisase de los efectos negativos de la aplicación de la norma. «Nadie va a poder presentar un papel, porque nadie lo avisó», puntualizó.

Al mismo tiempo, fuentes socialistas admiten que el chorreo constante de rebajas de condena y excarcelaciones de violadores y abusadores sexuales les está perjudicando a nivel electoral, razón por la que se han abierto a reformarla. En este sentido, manifiestan que el objetivo de la reforma es que no continúen «los efectos no deseados (…) que han generado alarma social», aunque admiten que las rebajas hasta la fecha ya no se pueden revertir. «Trabajamos a futuro», concluyen.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la norma y dijo que era un instrumento para que «nunca más una víctima sea cuestionada». También sostuvo Sánchez que era «una gran conquista del movimiento feminista». «Es una buena ley que necesita asentarse (…). Estamos yendo en el camino correcto, me siento orgulloso de la ley», remató.

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