El preacuerdo entre el PSC y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa ha generado inquietudes en los medios constitucionalistas debido a la propuesta de separar la caja común fiscal, lo que podría profundizar las desigualdades con otras comunidades autónomas. Lo más significativo del acuerdo es la cesión de la Hacienda catalana, que permitirá a Cataluña gestionar y recaudar todos los impuestos, quedarse con una parte del dinero recaudado y contribuir al Estado con un porcentaje aún por determinar, similar al «cupo vasco».
En el ámbito de Exteriores, el PSOE se compromete a autorizar la creación de un Cuerpo de Acción Exterior catalán, el cual tendrá la facultad de estar presente en organismos como la ONU y Europol. Justifican esta medida con la intención de fortalecer la presencia de Cataluña en organismos de Bruselas y de «promover la participación de la Generalidad de Cataluña en organismos y agencias internacionales donde se aborden cuestiones que afecten sus competencias».
Asimismo, indican que «de manera prioritaria, se desarrollarán los mecanismos para facilitar la participación de Cataluña en la Unesco». Además, acuerdan «incluir un representante de la Generalidad en el Senior Officials Meeting de la Unión por el Mediterráneo (UPM) para participar en la toma de decisiones que afecten a todo el arco mediterráneo».
200 millones para el catalán
En el ámbito educativo, el primer logro de ERC es asegurar que «el catalán, como lengua propia de Cataluña, sea la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo». Ignorando las sentencias previas que establecían que el 25% de la enseñanza debía impartirse en castellano, también establecen que «la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria deberá basarse exclusivamente en criterios pedagógicos recogidos en el proyecto lingüístico».
Además, Salvador Illa se ha comprometido a «aprobar el Pacto Nacional por la Lengua» en sus primeros 100 días de gobierno y a destinarle 200 millones de euros durante su primer año. Este pacto incluye diversas iniciativas para la promoción del catalán, desde el incremento de subvenciones para su uso, hasta campañas de sensibilización y una mayor formación sobre la lengua catalana.
En este sentido, la presidente de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, señala que el pacto «es una desvergüenza» . Afirma que «el texto no es más que la transposición del decreto del 5 de julio, que fue anulado por los tribunales debido a que vulneraba los derechos fundamentales». Asimismo, denuncia también que, mientras se blinda la inmersión y se destinan 200 millones a la promoción del catalán, Cataluña lidera los rankings de segregación escolar.
