A pesar de las declaraciones de unos y otros, el bipartidismo sigue hoy más vivo que nunca. Un claro ejemplo de ello se comprueba tras analizar el sentido de voto de la legislación aprobada en el Gobierno regional de Castilla-La Mancha desde el año 2023. El acuerdo y el consenso entre los dos clásicos partidos ha provocado que voten juntos la mitad de las normas aprobadas.
La confluencia entre los de Ferraz y los de Génova ha sacado hacia adelante las leyes referidas a la designación de senadores, la reforma de la ley sobre la violencia de género, lo relativo al crédito extraordinario para financiar los gastos de las últimas elecciones regionales, el Consejo Social de la Universidad y de manera más reciente, incluso la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, una iniciativa que implicará consigo el aumento del número de diputados en las Cortes regionales.
No obstante, esta convergencia no es nueva en absoluto de esta legislatura. En el período 2019–2023, las Cortes de Castilla-La Mancha llegaron a aprobar un total de 44 leyes, sólo con una veintena sin votos en contra.
El pasado jueves, con los votos del PSOE y el PP se aprobó la nueva reforma del Estatuto tras un periodo de negociación de dos años y una paralización de nueve meses. En la defensa de la proposición de Ley, ambas formaciones apelaron a la necesidad del nuevo Estatuto para «fortalecer la democracia en la región».
El presidente del grupo parlamentario VOX en Castilla-La Mancha, David Moreno, tildó la reforma de «reflejo de un bipartidismo compenetrado que sólo busca el beneficio propio y olvida las necesidades reales de la región”. Y resaltó que este nuevo Estatuto costará 12 millones de euros de gasto directo por legislatura que pagarán las familias y que «no servirá en absoluto» para mejorarles la vida.
