El sistema de registro de viajeros impulsado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha experimentado un colapso debido al elevado número de correos recibidos para reportar incidencias. Esta situación ha generado controversia en el sector turístico, y desde el Ministerio del Interior han comunicado que «no vamos a contestar los correos que tenemos pendientes».
En este contexto, hoteleros y agencias de viajes han señalado el caos burocrático, las fallas informáticas, las quejas de los turistas y los riesgos de ciberseguridad asociados con la obligación de almacenar los datos de los viajeros durante tres años. Además, los empresarios del sector denuncian que el Gobierno ha provocado esta situación de inseguridad jurídica con consecuencias difíciles de prever.
Asimismo, los empresarios turísticos subrayan que el registro está acompañado de un régimen sancionador que podría imponer multas de hasta 30.000 euros a quienes no cumplan con la normativa. Ante esta perspectiva, las asociaciones del sector han aconsejado a sus miembros que recojan toda la documentación que acredite las dificultades para cumplir con los trámites debido a los constantes fallos en la plataforma electrónica del Ministerio.
En cuanto a las demandas presentadas por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), se incluyen propuestas como la reducción de los datos a registrar, la exclusión de programas de turismo social como los viajes del IMSERSO y los viajes escolares, así como los viajes en grupo, que consideran que, bajo las actuales condiciones, su gestión resulta excesivamente gravosa para las agencias, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas.
