La industria cinematográfica española celebra este sábado la gala de los Goya en un contexto marcado por el fuerte respaldo económico de las administraciones públicas. Entre 2013 y 2023, el Estado destinó 825 millones de euros en subvenciones al sector, según los últimos datos oficiales recopilados por el Instituto Juan de Mariana en el informe «Más subvenciones y menos público», que analiza la evolución de las ayudas y su impacto en la actividad.
El estudio, elaborado a partir de cifras del Ministerio de Cultura, subraya que ese volumen de recursos procede exclusivamente de la Administración central. A esta cantidad se añaden los programas impulsados por comunidades autónomas y ayuntamientos. En 2024, el Instituto Catalán de las Empresas Culturales anunció un paquete de ayudas por valor de nueve millones de euros. En el País Vasco, el Ejecutivo autonómico mantiene un sistema propio de incentivos fiscales que le permite regular aportaciones empresariales al margen del régimen común. Para este año, las deducciones previstas ascienden a 44 millones, con un incremento del 40% respecto al inicio del programa. Navarra y Canarias han comunicado iniciativas de naturaleza similar.
El informe apunta que, si se analiza el presupuesto ejecutado y se corrige el efecto de la inflación, la tendencia de las ayudas públicas al cine ha sido creciente desde 1994 y se intensificó a partir de 2020. En términos constantes, las subvenciones concedidas en 2013 equivaldrían a 42,8 millones de euros de 2023. Una década después, el importe alcanzó 152,9 millones. Los autores concluyen que el gasto real del Ministerio de Cultura destinado al cine se ha más que triplicado en ese periodo: por cada euro asignado en 2013, en 2023 se identifican 3,6 euros.
Más allá de las transferencias directas, el sector audiovisual dispone de un tratamiento específico en el Impuesto sobre Sociedades, con deducciones reforzadas para la producción de largometrajes y mecanismos que permiten monetizar créditos fiscales. También se beneficia de un tipo reducido de IVA en determinados servicios y de las ventajas recogidas en el Estatuto del Artista, que contempla beneficios en las cuotas de autónomos y en el IRPF.
En el Impuesto sobre Sociedades, las inversiones en producciones españolas pueden acogerse a deducciones del 30% para el primer millón de base imponible y del 25% sobre el exceso, hasta un máximo de 20 millones. Este esquema se aplica igualmente a las series audiovisuales, con un límite de hasta 10 millones por episodio, lo que permitiría a una miniserie de cinco capítulos alcanzar una deducción máxima de 50 millones.
El Instituto Juan de Mariana sostiene que este diseño fiscal tiene efectos concretos. Según recoge el documento, parte de los ingresos extraordinarios queda al margen de la progresividad plena del impuesto que soporta el resto de contribuyentes. A su juicio, la singularidad del trato no se limita a las subvenciones directas, sino que se extiende a un conjunto amplio de ventajas tributarias.
En paralelo a esta expansión del apoyo público, la recaudación en salas ha evolucionado a la baja en comparación con los máximos históricos. En 2001, los cines registraron el mayor nivel de ingresos nominales, con 616,4 millones de euros, de los cuales 110,1 millones correspondieron a producciones españolas. En 2023 y 2024, últimos ejercicios disponibles, la taquilla del cine español se situó en 82,4 y 85,6 millones respectivamente. En esos mismos años, las películas extranjeras recaudaron 410,7 y 398,9 millones.
El informe vincula este contexto a factores como el auge de las plataformas de «streaming», que han alterado los hábitos de consumo audiovisual. Mientras el volumen de recursos públicos destinados al sector aumenta, la asistencia a salas y los ingresos asociados no recuperan los niveles alcanzados a comienzos de siglo.
