El Senado ha decidido ignorar las alarmas que advertían de que la ley trans puede provocar consecuencias indeseadas, como ya ha ocurrido, con creces, con la ley del «sólo sí es sí», y aprobar la norma en la Cámara Alta por una amplia mayoría con 144 votos a favor, 108 en contra y dos abstenciones.
Mientras España avanza así hacia la libre autodeterminación de género, incluso para menores de edad y sin el consentimiento de los padres, otros países de Europa dan marcha atrás en la aprobación de normativas similares.
Suecia
El país escandinavo, que en 1972 fue el primer el país del mundo que autorizó el cambio jurídico de sexo y que en el año 2000 también fue pionero en ofrecer pruebas de identidad de género a menores de edad, ha cambiado radicalmente su política en este ámbito durante el último año tras descubrir que los tratamientos pueden provocar efectos secundarios como déficit de atención, problemas de alimentación o autismo, entre otros.
Así el Instituto Karolinska de Estocolmo, especializado en transiciones de menores, decidió suspender en 2022 los tratamientos después de encontrar casos de niños que habían desarrollado enfermedades tras recibirlos. El caso más mediático fue el de Leo, una niña que empezó a recibir bloqueadores de la pubertad para transicionar a hombre con tan solo 11 años. Cuatro años después de iniciar el tratamiento había desarrollado osteoporosis y daños vertebrales.
Karolinska reconoció entonces que «no hay suficientes estudios para demostrar si el tratamiento hormonal es útil y seguro para los menores» y añadió que «es evidente que el diagnóstico de disforia de género no es estático».
Además de las denuncias por efectos secundarios, en Suecia se ha producido una explosión en el número de casos desde que se aprobó la ley. Así, si hasta 2021, 700 niños y adolescentes se habían sometido a tratamientos hormonales en el país, entre 2008 y 2018 el número de casos de reasignación de género aumentó en más de un 1.000%.
La legislación permitía que los niños de 12 años tuvieran acceso a un cambio de género sin necesidad de presentar el consentimiento de sus padres. En 2022, el país retrocedió y prohibió el uso de bloqueadores hormonales para menores de 18 años.
Reino Unido
El testimonio de Keyra Bell, una joven trans arrepentida, llevó en 2020 al Servicio de Salud Pública británico (NHS por sus siglas en inglés) a los tribunales. Después de una doble mastectomía a los 23 años, Bell denunció que no se la había sometido a estudio psicológico previo ni se la había advertido de los irreversibles consecuencias que tendrían sus intervenciones.
El Supremo le dio la razón tras demostrarse que la joven no había recibido la información necesaria y condenó al NHS, lo que provocó que Reino Unido optase por prohibir cualquier tratamiento irreversible en menores de edad. El caso también desencadenó el cierre de la Clínica Tavistock, la única que en ese momento contaba con una unidad de género en el país y que atendió a Bell. Una vez se hizo pública su denuncia, 1.000 familias se unieron a la demanda por negligencia médica alegando que sus hijos habían sido mal diagnosticados.
Ahora, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha decidido bloquear la nueva ley trans presentada en Escocia que introducía la autodeterminación de género a partir de los 16 años y sin necesidad de un certificado médico. En las islas, la edad mínima es de 18 años y el requisito del certificado médico es obligatorio.
España, uno de los únicos tres países que regula la autodeterminación de género en menores
De aprobarse definitivamente en el Congreso de los Diputados la ley trans del Ministerio de Igualdad, las personas trans que quieran cambiar su género en el DNI podrá hacerlo con una doble declaración expresa, sin necesidad de presentar ningún documento que avale el cambio.
En la Unión Europea solo hay seis países que regulen la libre autodeterminación de género a partir de los 18 años: Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Portugal. Sin embargo, solo dos, además de España, Países Bajos y Noruega, lo permiten a partir de los 16, según un informe elaborado por la Asociación Internacional de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (ILGA).
Con todo, la mayoría de Estados miembros siguen pidiendo condiciones médicas previas, no así en España.
