UGT y CCOO, dos entidades cuyos líderes participaron hace dos semanas en una manifestación en Cataluña para reclamar la libertad de los presos golpistas encarcelados, pierden cada vez más afiliados.
«Hubo bajas en 2017. Más de 500 personas a lo largo de 2017», reconoció en rueda de prensa la portavoz CCOO y UGT Cataluña, Montse Ros, el pasado día 11. Laura Pelay (UGT) también admitió bajas en UGT y dijo que «en un momento en el que la sociedad está polarizada, buscamos un mínimo común denominador, establecer puentes» entre los miembros del sindicato.
Una de las bajas ha sido la del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que remitió una carta a UGT en la que solicita su baja como afiliado de este sindicato por apoyar» a los imputados por delitos «tan graves como rebelión o sedición o malversación», en alusión a los independentistas catalanes procesados.
Rivera escribió un mensaje en Twitter en el que afeaba al sindicato que filtrara esta carta y criticó que UGT, «en vez de defender los derechos de los trabajadores, en Cataluña haya decidido defender a Puigdemont y a todos los que han intentado romper nuestra democracia». «Adiós», concluyó.
En la carta dirigida a UGT, Rivera explicaba que se afilió a este sindicato cuando comenzó a trabajar en los servicios jurídicos de La Caixa -en 2002, según fuentes de Cs- porque entendió que este sindicato podía defender sus derechos como trabajador. «Lamentablemente», apuntó, ha visto cómo el sindicato «se ha ido politizando» en los últimos años, «desviándose de las funciones que le atribuye nuestra Constitución».
Unos se van hacia una opción constitucionalista, como es el caso del sindicato CSIF -que cuenta con 8.000 afiliados y los 551 delegados sindicales- y recuerdan que estos sindicatos no se movilizaron cuando el delirio secesionista estalló, se aprobó la ley de desconexión, se convocó el referéndum ilegal y miles de empresas se marcharon de Cataluña perjudicando a sus trabajadores.
Otros quieren un apoyo más explícito a la insurrección y viran hacia Intersindical-CSC que preside Carles Sastre, exmilitante de Terra Lluire y condenado por la Audiencia Nacional a 48 años de prisión por el asesinato de José María Bultó, y uno de los organizadores de la huelga del 8 de noviembre que supuso el inicio de los violentos Comités en Defensa de la República (CDR).
Sastre ha tratado de ocultar por todos los medios su pasado batasuno y proterrorista y ha llamado en los últimos meses a «desobedecer» al Estado, resistir su intervención legislar desde la república. «Sabemos que generará un conflicto continuo y de tensión permanente», añadió.
La Intersindical-CSC cuenta con unos 3.000 afiliados solo frente a los 100.000 de cada una de las centrales mayoritarias y su espacio se centra todavía más en la política que en el laboral, aunque se quiere hacer hueco y nutrir por la «equidistancia» de los mayoritarios. Quieren convertirlo en su LAB vasco particular, una entidad conocida por su posición a favor del acercamiento de los presos etarras.
