La ex consejera de Transición Ecológica en el Gobierno extremeño de Guillermo Fernández Vara (PSOE) y actual presidenta de la pública Enresa, Olga García García, ha sido imputada por su presunta participación en el proceso administrativo que permitió la instalación de un gran parque fotovoltaico de Iberdrola en Alcántara, en la provincia de Cáceres. La dirigente socialista deberá declarar el próximo 7 de octubre ante un juzgado de Madrid en una causa en la que se investiga un supuesto trato de favor a la compañía eléctrica.
El proyecto investigado es la planta FV Tagus, una instalación de 380 megavatios que recibió 22 millones de euros procedentes de fondos europeos Feder. La actuación fue denunciada por Fondenex, una entidad dedicada a la defensa del territorio, representada en el procedimiento por la abogada Dorinda Aventín.
La citación de García se suma a la de otros cargos y técnicos que ya han pasado por el juzgado como investigados. Entre ellos figuran Marta Gómez Palenque, actual directora de Evaluación de Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, y Eugenio Domínguez, funcionario ya jubilado y antiguo subordinado suyo.
Domínguez fue detenido el pasado 3 de marzo, pocos días después de declarar ante el juez, por su presunta implicación en otro expediente de energías renovables. En ese caso, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil le atribuye el supuesto cobro de cinco millones de euros a cambio de facilitar autorizaciones ambientales a proyectos de Forestalia.
La investigación sobre FV Tagus se tramita en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dirigido por el juez Juan Carlos Peinado. Se trata del mismo magistrado que instruye la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
Junto a Olga García han sido llamados también como investigados varios antiguos subordinados de la Junta de Extremadura. Entre ellos se encuentran Jesús Moreno Pérez, que fue director general de Sostenibilidad durante la etapa de Fernández Vara, y Ángel Sánchez García, coordinador de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático en esa misma dirección general.
Los hechos se remontan al 23 de enero de 2023, fecha en la que Eugenio Domínguez dio luz verde al informe favorable de Declaración de Impacto Ambiental de la planta proyectada en Alcántara. Posteriormente, el expediente fue firmado por Marta Gómez Palenque, según consta en las actuaciones.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid llegó a cuestionar con dureza esa aprobación ambiental. En sus escritos, calificó la resolución como manifiestamente contraria a la normativa nacional y europea de protección del medio ambiente y sostuvo que se apartaba de manera grave de los objetivos de conservación de hábitats y espacios protegidos.
El Ministerio Público también consideró que la autorización favorecía de forma arbitraria los intereses del promotor. La planta, según la propia Fiscalía, se construyó en una zona integrada en la Red Natura 2000, con presencia de especies especialmente protegidas como el buitre negro, el águila imperial y el lince ibérico.
Pese a esa posición inicial, ningún representante de la Fiscalía acudió después a las declaraciones de Palenque y Domínguez ante el juzgado madrileño. Más adelante, el Ministerio Público defendió que los plazos para investigar los hechos habrían prescrito.
El juez Peinado, sin embargo, mantiene una interpretación distinta y considera que la causa puede seguir adelante. La Audiencia Provincial de Madrid deberá pronunciarse próximamente sobre si el procedimiento continúa o si, por el contrario, queda archivado por prescripción.
