El cerco judicial se estrecha sobre el máximo responsable del Ministerio Público. La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, tras la filtración de un correo reservado perteneciente a Alberto González Amador.
La resolución desestima los recursos presentados por la Fiscalía y por la defensa de García Ortiz, y avala en su integridad la instrucción del magistrado Ángel Hurtado, quien ya consideró que existían indicios sólidos de conducta delictiva por parte del fiscal general.
En el epicentro del caso está la filtración a la Cadena Ser de un correo confidencial en el que el abogado de González Amador reconocía dos delitos fiscales. Este hecho fue utilizado para alimentar una ofensiva mediática contra la presidenta madrileña. El Supremo sostiene que ni siquiera aunque se creyera que la información inicial fuera errónea se justifica vulnerar el secreto profesional y procesal.
«No se puede revelar un dato confidencial para rebatir un hecho que se considera incierto», afirma la Sala, desmontando la excusa de que la Fiscalía General reaccionó «ante informaciones falsas».
El tribunal también concluye que no hay pruebas suficientes para mantener la acusación contra Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, que queda fuera del proceso.
En su auto de procesamiento, el juez instructor había sugerido que García Ortiz pudo actuar siguiendo indicaciones de la Presidencia del Gobierno. Aunque el Supremo considera que este punto no está probado con claridad, tampoco niega el carácter político del contexto en el que se produjo la filtración.
El tribunal insiste en que su papel no es valorar pruebas como en un juicio, sino determinar si los indicios son lo bastante sólidos como para ir a juicio, lo cual, en este caso, confirma. «No somos un tribunal de enjuiciamiento, sino uno que debe valorar si los indicios justifican la acusación», recuerda la Sala.
