La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado seis años de prisión, doce de inhabilitación y una multa para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la causa abierta por la presunta filtración de datos confidenciales relativos a Alberto González Amador. Asimismo, ha pedido su suspensión inmediata en el ejercicio de sus funciones mientras dure el proceso judicial.
La jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, también está procesada, aunque la pena que solicita la APIF para ella es menor: cuatro años de cárcel, como cooperadora necesaria, al considerar que tuvo un papel secundario en los hechos. Ambos están acusados de delitos de prevaricación y revelación de secretos. En un escrito desvelado por el diario ABC, la APIF ha detallado que los correos electrónicos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto, contenían «información sensible y datos personales de un ciudadano anónimo», por lo que estaban sometidos a confidencialidad.
Según el relato de la asociación, García Ortiz habría utilizado una cuenta de correo personal para recibir dicha información, con el objetivo de evitar dejar rastro oficial. Posteriormente, se la remitió a Pilar Rodríguez, quien era consciente de que los mensajes serían filtrados a los medios. Finalmente, el fiscal general los habría entregado de forma deliberada a un periodista de la Cadena SER, quien los publicó, pese a tratarse de comunicaciones protegidas por la reserva institucional.
La APIF también ha señalado el perjuicio institucional provocado por estos hechos, subrayando que el Ministerio Fiscal debe actuar conforme a los principios de legalidad e imparcialidad, algo que se quebrantó gravemente. «Se prevalieron de su condición de fiscales de máxima autoridad para perseguir objetivos puramente privados y políticos», afirma el fiscal en excedencia Juan Antonio Frago, quien representa a la asociación.
