Los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que juzgaron el golpe separatista se reunirán este miércoles para debatir si cabe aplicar la ley de amnistía a los condenados en esta causa por desórdenes públicos; es decir, al expresidente de la ANC Jordi Sànchez, al expresidente de Òmnium Jordi Cuixart, a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y a los exconsejeros Josep Rull y Joaquim Forn. Al tener todos las penas extinguidas, el tribunal estudiará si procede o no borrar sus antecedentes penales.
Fuentes jurídicas consultadas confirman que los magistrados deliberarán después de haberse pronunciado el pasado 1 de julio sobre la aplicación de la amnistía a los condenados por malversación y desobediencia: el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.
En sus casos, el tribunal rechazó amnistiar la malversación, pero vio amnistiable la desobediencia. No obstante, ante las dudas que tiene sobre la legalidad de la ley de amnistía, dio diez días a defensas y acusaciones para que se pronunciasen sobre si veían pertinente consultar al Tribunal Constitucional por la redacción de la norma sobre la desobediencia.
Así las cosas, queda pendiente que el Supremo resuelva sobre la aplicabilidad o no de la ley de amnistía al resto de líderes separatistas, que permanecen condenados por desórdenes públicos, algunos con penas ya extintas. Este asunto lo abordarán en la reunión de este miércoles.
En el caso de Sànchez y Cuixart, ambos fueron condenados a nueve años de prisión e inhabilitación por un delito de sedición. En 2021, el Gobierno perdonó sus penas de cárcel y en 2023 el Supremo revisó sus casos por la reforma penal que derogó la sedición. Finalmente les sustituyó ese delito por el de desórdenes públicos, lo que extinguió sus inhabilitaciones.
Forcadell, Rull y Forn fueron condenados a penas de hasta 11 años y medio de prisión e inhabilitación por sedición. Ellos también se vieron beneficiados por un indulto del Gobierno y, tras la reforma del Código Penal, el Supremo les cambió el delito de sedición por el de desórdenes públicos, por lo que también se extinguieron sus penas de inhabilitación.
Vila, Borrás y Mundó
Fuentes jurídicas consultadas precisan que el tribunal también abordará los casos de los exconsejeros Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó, que fueron condenados por desobediencia a penas de multa e inhabilitación en 2019.
Sus casos no han cambiado desde entonces, dado que al no tener penas de prisión no fueron agraciados con indultos del Gobierno y que, tras la reforma penal que derogó la sedición, tampoco se vieron afectadas sus condenas.
Las mismas fuentes indican que lo previsible es que el tribunal, al igual que hizo al analizar la aplicabilidad de la amnistía a la desobediencia del resto de condenados del procés, dé plazo a defensas y acusaciones para que se pronuncien sobre si ven pertinente consultar al Tribunal Constitucional.
Un exalcalde de Sabadell y varios manifestantes
Al margen, el Supremo tiene reservado en agenda también la deliberación sobre si aplica la amnistía en seis casos relativos a delitos de desobediencia y desórdenes públicos enmarcados en el golpe separatista, incluidos el de la exconsejera Meritxell Serret, o el de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán de Carme Forcadell o de Roger Torrent.
Las fuentes consultadas precisan que se trata de procedimientos que están en manos del Supremo porque llegaron vía recurso de casación y que ahora, tras la entrada en vigor de la ley que exonera una década del procés, se estudiará si es pertinente o no amnistiarles en estos casos.
Los magistrados revisarán si procede aplicar la amnistía al caso de la exconsejera de Acción Exterior de la Generalidad Meritxell Serret, condenada por desobediencia al participar en la organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 mientras estaba en la Consejería de Agricultura. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le impuso un año de inhabilitación y multa de 12.000 euros.
El tribunal, a su vez, revisará si amnistía a los cuatro miembros que integraban la Mesa del Parlamento en 2017 bajo la presidencia de Carme Forcadell: Anna Simó, Lluis Corominas, Lluis Guinó, y Ramona Buffet. Todos ellos fueron condenados por un delito de desobediencia a multa de 1.200 euros y cuatro meses de inhabilitación.
Además, abodará el caso de otros cuatro miembros de la Mesa del Parlamento regional: Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado. Los cuatro fueron absueltos del delito de desobediencia que les atribuía la Fiscalía por admitir a trámite propuestas de resolución a favor de la independencia de Cataluña.
Deliberará también sobre el caso del exalcalde de Sabadell Matíes Secarrant (de Crida per Sabadell), condenado en primera instancia a pena de multa por un delito de desobediencia grave al no haber impedido el referéndum ilegal del 1-O.
Y analizará el caso de un joven que participó en las manifestaciones contra la sentencia del procés en octubre de 2019. La Audiencia Provincial de Barcelona le condenó a cuatro años y un mes de prisión, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rebajó la pena a un año y seis meses al revocar el delito de atentado contra la autoridad y dejar sólo el de desórdenes públicos agravados.
Por último, estudiará si aplica la amnistía a otros dos manifestantes que fueron condenados por desórdenes públicos agravados.
