El Tribunal Supremo está evaluando si admitir a trámite una denuncia presentada contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos. La denuncia fue interpuesta por la Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción (AECC) y adelantada por el diario The Objective, y acusa a Sánchez de haber utilizado recursos del Estado en su querella contra el juez Juan Carlos Peinado, quien está a cargo de la investigación que involucra a su esposa, Begoña Gómez. Según la AECC, el mandatario habría recurrido indebidamente a la Abogacía del Estado para este fin.
El presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, ha sido designado como ponente de la causa y ha trasladado la denuncia a la Fiscalía para que esta determine si el alto tribunal es competente y si los hechos merecen ser investigados. Fuentes judiciales señalan que este tipo de procedimientos suelen ser desestimados, ya que el 97% de las denuncias presentadas no superan el filtro inicial de admisión a trámite.
La denuncia también incluye al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y a la abogada del Estado, Zaida Isabel Fernández Toro, acusándolos de prevaricación. La AECC ya había presentado una denuncia previa el 20 de mayo contra Sánchez y su esposa por delitos como tráfico de influencias, complicidad por omisión y encubrimiento. Posteriormente, el 6 de agosto, la asociación amplió su denuncia al considerar que el presidente había cometido malversación al utilizar recursos públicos en su disputa legal con Peinado.
Según un documento de la Sala de lo Penal del Supremo, al que ha tenido acceso The Objective, la Fiscalía deberá decidir si abre una investigación formal sobre los hechos. La denuncia de la AECC se basa en varios artículos del Código Penal, acusando a Sánchez de tráfico de influencias, abuso de poder y encubrimiento. Además, señala a Begoña Gómez y al ministro de Justicia, así como a la abogada del Estado, por delitos relacionados.
El caso de Begoña Gómez comenzó el 16 de abril, cuando el juez Peinado abrió diligencias por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El 24 de abril, justo cuando Pedro Sánchez publicó una carta en la que anunciaba un periodo de reflexión sobre su futuro en el cargo, se notificó formalmente a Gómez su implicación en la investigación.
El juez Peinado también citó a declarar al presidente del Gobierno para que aclarara su participación en unas reuniones entre su esposa y el empresario Juan Carlos Barrabés. Según la investigación, Begoña Gómez habría respaldado a Barrabés en licitaciones públicas por valor de 10,6 millones de euros, obtenidos en el marco de un máster de Transformación Social Competitiva en el que ambos colaboraban. Sánchez solicitó comparecer por escrito, amparándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero dicha solicitud fue rechazada por el juez.
