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LA FINANCIACIÓN SE ACORDARÁ DE FORMA BILATERAL

El traspaso de Rodalies a Cataluña contiene una trasferencia adicional de más de 130 millones de euros

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Europa Press

El pacto entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, que incluye el traspaso integral del servicio ferroviario de Rodalies a Cataluña, contiene una transferencia adicional de 132,7 millones de euros a la Generalidad para sufragar la deuda existente con Renfe relativa a los servicios prestados en el marco del Plan de Acción.

Así está recogido en el texto del acuerdo entre ambas formaciones, en el apartado de los recursos económicos que se traspasarán a la Generalidad para la gestión de los servicios ferroviarios de Rodalies, que pasarán a ser de competencia autonómica.

El pacto entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez implica que el Estado condonará hasta 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña, que se ahorrará además unos 1.300 millones de euros en intereses. La región catalana es la que más dinero ha recibido de este mecanismo, hasta 102.000 millones, desde que se puso en marcha en 2012.

Asimismo, el texto recoge que se constituirá durante el primer trimestre de 2024 una comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalidad con el objetivo de llegar a un acuerdo y posibilitar avances en el logro «de una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos de Cataluña», así como «asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña».

El Fondo de Liquidez Autonómico, FLA, fue creado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el año 2012 durante la crisis económica y, mediante él, el Gobierno otorga dinero a las comunidades autónomas adscritas que en su momento no tenían solvencia para financiarse en los mercados.

En este Fondo no se encuentran todas las comunidades autónomas y solamente están adscritas las que así lo pidieron al Ministerio de Hacienda: Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana.

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