La Sindicatura de Cuentas de Cataluña, órgano que fiscaliza los balances de las empresas y entes públicos de la región, ha reprendido a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), entidad que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio, por los elevados salarios percibidos por algunos de sus directivos. Según un informe reciente, varios altos cargos de la corporación obtuvieron remuneraciones anuales superiores a las de un consejero del Gobierno autonómico, lo que contraviene la normativa vigente.
El análisis financiero, contenido en el informe 2/2025 y adelantado por The Objective, examina los contratos y gastos de personal de la CCMA durante 2021 y 2022. En este documento se señala que al menos cuatro directivos de la corporación percibieron sueldos superiores a 120.000 euros brutos anuales, rebasando el tope fijado para los consejeros del Ejecutivo catalán. Sin embargo, no se han especificado los nombres de los implicados.
Otro caso señalado por la Sindicatura es el del director de la Fundación de La Marató de TV3, Lluís Bernabé, quien en 2022 recibió un salario equiparable al de un secretario general sin la preceptiva aprobación del Gobierno autonómico. La Fundación de La Marató es la entidad encargada de gestionar los fondos recaudados a través del programa benéfico anual de TV3, destinado a la investigación de distintas enfermedades.
El informe también destaca otras irregularidades, como el pago indebido de siete trienios como funcionario de la Generalitat a Andreu J. Martínez Hernández, director de Gestión Presupuestaria, Empresa Verde y Servicios Generales de la CCMA. Según la Sindicatura, esta compensación no está contemplada en la normativa ni en su contrato de alta dirección.
Asimismo, se ha detectado que algunos directivos recibieron bonificaciones por objetivos que oscilaban entre el 88% y el 120% de su retribución, superando con creces el límite del 25% estipulado por la Ley de Presupuestos. Además, se ha observado que la jornada laboral en la corporación se ha establecido en 35 horas semanales, mientras que el estándar para la administración pública es de 37,5 horas.
