La Memoria Anual 2025 del Tribunal de Cuentas ha detectado deficiencias de gestión, falta de control patrimonial y un impacto económico superior a siete millones de euros en varios inmuebles adscritos al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades durante el ejercicio 2022. Según publica El Debate, el documento, incluido en el cuarto anexo de informes y fiscalizaciones remitidos a la Comisión Mixta, examina la utilización y conservación de activos dependientes del departamento dirigido por Diana Morant.
Según la fiscalización, la Dirección General del Patrimonio del Estado no desarrolló de forma activa labores de supervisión y seguimiento sobre los inmuebles adscritos al ministerio. El informe concluye que no se aprobaron programas anuales de optimización del uso de edificios y que persistieron ineficiencias estructurales en varios organismos dependientes de la administración científica.
El órgano fiscalizador subraya que dos entidades vinculadas al ministerio mantienen desde hace años incidencias sin resolver relacionadas con cuatro inmuebles públicos. A juicio del Tribunal, esta situación vulnera los principios de eficacia y racionalidad exigidos en la gestión del patrimonio estatal.
Uno de los casos señalados corresponde al Edificio Ignacio Bolívar, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y situado junto a la estación madrileña de Navacerrada. El inmueble fue objeto de una inversión pública de 5,24 millones de euros destinada a reformar y modernizar sus instalaciones con el propósito de convertirlo en un centro de investigación. Sin embargo, el edificio nunca llegó a utilizarse para la finalidad prevista.
La fiscalización añade que el inmueble permaneció durante años sin actividad definida y sin vigilancia suficiente entre 2015 y 2024, circunstancia que facilitó actos de vandalismo y diversos robos. El Tribunal de Cuentas calcula que el valor de los bienes sustraídos supera los dos millones de euros, cantidad que se suma al coste de la reforma previamente ejecutada.
De acuerdo con el documento, la ausencia de planificación patrimonial y control operativo derivó en un deterioro continuado del edificio y en la pérdida de equipamientos e infraestructuras financiadas con recursos públicos. El informe considera que el caso refleja un ejemplo de infrautilización prolongada de patrimonio estatal destinado a actividades científicas.
La Memoria Anual 2025 también advierte de deficiencias en la información publicada por el ministerio en el Portal de Transparencia.
