El Tribunal de Cuentas ha señalado directamente al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, por la existencia de irregularidades detectadas en contratación de servicios esenciales sanitarios durante los ejercicios 2022 y 2023, según consta en la Memoria 2025 del órgano fiscalizador.
Según publica El Debate, el análisis incluye prestaciones vinculadas a limpieza, seguridad, restauración y tratamiento de residuos en centros sanitarios dependientes. El informe incorpora referencias al Hospital Comarcal de Melilla.
El documento señala que no se contaba con un plan de salud específico para el Área sanitaria de Melilla ni con un instrumento general para el ámbito de competencia del INGESA. Asimismo, se indica que los sistemas de información presentan un nivel insuficiente de integración e interoperabilidad, lo que dificulta el intercambio de datos y la coordinación entre unidades asistenciales.
El Tribunal de Cuentas indica un índice de temporalidad del 23% en los puestos ocupados al cierre de 2023, frente al objetivo inferior al 8% en plazas estructurales. Se apuntan asimismo deficiencias en la verificación de la presencialidad del personal y en el control de retribuciones variables. El informe considera que estas circunstancias afectan a la eficiencia organizativa y al control interno del sistema sanitario gestionado, así como a la compras directas sin suficiente justificación administrativa detectadas reiteradas.
A nivel de contratación, el órgano fiscalizador constata que aproximadamente el 93% de los aprovisionamientos se han realizado mediante compras directas, sin concurrencia competitiva suficiente. Se advierten carencias en la justificación administrativa y en los procedimientos de control de asistencia sanitaria prestada con medios externos. El informe subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y publicidad en la contratación pública sanitaria.
En el apartado de contratación de servicios de apoyo, se incluyen los ámbitos de limpieza, seguridad, restauración y gestión de residuos. El informe señala la prolongación irregular de contratos y la superación de importes inicialmente previstos, así como la ausencia de procedimientos de revisión adecuados. Estas situaciones se enmarcan en debilidades de control interno identificadas por el Tribunal de Cuentas en el ámbito sanitario dependiente del Estado.
