El Tribunal Supremo comienza a aplicar la Ley de Amnistía a responsables políticos condenados por el golpe separatista. La Sala ha acordado amnistiar a la exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Meritxell Serret (ERC), por el delito continuado de desobediencia grave por el que fue condenada en relación con el golpe separatista del 1 de octubre de 2017.
Serret, que formó parte del Gobierno catalán entre enero de 2016 y octubre de 2017, había sido condenada a una multa de 12.000 euros —a satisfacer durante ocho meses con una cuota diaria de 50 euros— y a un año de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electos.
La Sala declara amnistiados los actos por los que fue juzgada la exconsellera y, en consecuencia, acuerda la extinción de la responsabilidad penal derivada de esos hechos.
El Alto Tribunal fundamenta su decisión en la reciente doctrina del Tribunal Constitucional, que no anuló el artículo 1.1 de la Ley de Amnistía —el que define el ámbito objetivo de aplicación de la norma—, sino que estableció una interpretación sobre su alcance. A la luz de ese pronunciamiento, los magistrados concluyen que el recurso de casación presentado por Serret encaja en el ámbito de aplicación de la ley y que su amnistía «no contraviene, según lo establecido por el Tribunal Constitucional, la Constitución española».
Tras conocerse la resolución, ERC ha expresado su satisfacción por lo que considera la «primera» aplicación de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Supremo a un miembro del gobierno de 2017. En un comunicado, la formación sostiene que la decisión avala la estrategia seguida durante la tramitación de la norma.
Los republicanos también afirman que, tras la «contundente» sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), era «inevitable» que el Supremo terminara aplicando la Ley de Amnistía.
Asimismo, ERC ha reclamado que el mismo criterio se extienda al resto de personas encausadas por el golpe separatista, con el objetivo de «restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Cataluña y el Estado español sin represión».
