El Tribunal Supremo juzgará al exministro socialista José Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García después de rechazar las alegaciones para que el juicio por las irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia no se llevara a cabo en el alto tribunal. Además, el alto tribunal, que ha fijado las vistas desde el 7 de abril, ha citado como testigos al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Así consta en un auto que responde a las peticiones realizadas por Ábalos y Koldo, en prisión provisional desde noviembre, en la audiencia preliminar del pasado 12 de febrero, cuando sus defensas reclamaron que el Supremo no era competente y que la causa siguiera investigándose en la Audiencia Nacional, al perder el exministro el aforamiento tras renunciar al acta de diputado.
La Sala de lo Penal desestima todas las nulidades defendidas por sus defensas en la audiencia preliminar, manteniendo así su capacidad para juzgar el caso. A la vez, se opone a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tal como había solicitado la defensa de Koldo al considerar que el Supremo había perdido la competencia.
De esta forma, la Sala de lo Penal les sentará en el banquillo, junto a Víctor de Aldama, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.
El tribunal ha desestimado que testifiquen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, o la exministra de Industria Reyes Maroto, “por no guardar relación con el objeto del proceso”, según el TS.
La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama, que ha reconocido la acusación. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el fiscal.
