El Tribunal Supremo inicia este martes el juicio oral contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por su presunta implicación en una trama de comisiones ilegales vinculadas a contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia de la covid-19 en 2020. El proceso judicial, considerado el primero derivado de esta causa, se desarrollará a lo largo de trece sesiones previstas entre el 7 y el 30 de abril.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los acusados habrían articulado un sistema para beneficiarse económicamente de adjudicaciones públicas en un contexto de emergencia sanitaria, mediante el cobro de comisiones indebidas. En su escrito de acusación, el Ministerio Público atribuye a Ábalos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, falsedad documental y prevaricación, por los que solicita una pena de 24 años de prisión, además de multas millonarias.
Para Koldo García, la Fiscalía solicita una condena de 19 años y medio de cárcel, mientras que Víctor de Aldama afronta una petición de siete años, inferior al resto debido a su colaboración con la Justicia, que ha sido considerada relevante para el avance de la investigación. Las acusaciones populares elevan las penas solicitadas para Ábalos y García hasta los 30 años de prisión.
Según el relato fiscal, los hechos se remontan a marzo de 2020, cuando los acusados habrían aprovechado la situación de urgencia sanitaria para promover contratos de adquisición de mascarillas a través de entidades públicas como Adif y Puertos del Estado. La acusación describe un “reparto de funciones” entre los implicados, en el que Aldama actuaba como intermediario empresarial, mientras que Ábalos y García facilitaban las adjudicaciones desde su posición institucional.
La Fiscalía sostiene que el empresario habría obtenido beneficios superiores a 3,7 millones de euros, parte de los cuales habrían sido destinados al pago de compensaciones económicas periódicas a García, presuntamente destinadas también a Ábalos. Estas retribuciones incluirían pagos en efectivo y otras ventajas patrimoniales, como el uso de inmuebles o condiciones favorables en contratos de alquiler.
El procedimiento también incluye acusaciones relacionadas con la contratación irregular de personas vinculadas al entorno del exministro en empresas públicas, sin que conste la realización efectiva de actividad laboral. Por estos hechos, el Ministerio Público reclama indemnizaciones a entidades públicas afectadas y el decomiso de las ganancias consideradas ilícitas.
Los acusados, que permanecen en prisión provisional desde noviembre por riesgo de fuga, han manifestado su inocencia y solicitan la absolución. Las defensas cuestionan la veracidad de las declaraciones de Aldama y niegan la existencia de comisiones ilegales o irregularidades en los procesos de contratación.
El tribunal estará compuesto por siete magistrados de la Sala de lo Penal, y el juicio se celebrará sin retransmisión pública. Está prevista la comparecencia de más de 80 testigos, incluidos responsables políticos y directivos de empresas públicas, algunos de los cuales declararán por escrito.
