El último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil explica quién, dónde, cuándo, cómo y por qué se desarrolló el supuesto amaño masivo de obra pública investigado en el Ministerio de Transportes, señalando al ex secretario de Organización del PSOE, el ex número 2 del PSOE Santos Cerdán, como figura clave. El documento policial también motivó una nueva macrooperación contra la corrupción con registros simultáneos en Madrid, Sevilla, Bilbao y San Sebastián.

Fuentes del caso trasladan a El Mundo que los agentes han avanzado después de analizar la documentación requisada en junio a Servinabar 2000 SL, la empresa vinculada directamente a Cerdán y utilizada —según la investigación— como vía mercantil para canalizar presuntas comisiones ilegales. Ese nuevo examen ha reactivado con fuerza el llamado caso Koldo.

Tras recibir esta actualización, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ordenó ayer registrar varias sedes de Acciona en Madrid y Bilbao en busca de pruebas sobre los amaños de obras adjudicadas durante la etapa de el exministro de Transportes José Luis Ábalos. La multinacional permanece bajo vigilancia desde que la Guardia Civil entregó al Supremo el primer informe donde ya figuraban pagos irregulares vinculados a adjudicaciones públicas.

El juez mantiene abierta una pieza separada bajo secreto y autorizó las entradas y registros después de recibir el informe patrimonial de la UCO sobre Cerdán. Actualmente, el ex número 2 del PSOE continúa en prisión preventiva por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, entre otros motivos por el riesgo de destrucción de pruebas.

Las fuentes consultadas insisten en que el nuevo análisis refuerza de forma decisiva los indicios contra quien fuera hombre de máxima confianza de el presidente Pedro Sánchez. En el atestado emergen porcentajes atribuidos a presuntas comisiones ilegales, conexiones familiares, el rol determinante de su socio Antxon Alonso y el uso de las cooperativas Noran y Erkolan para dificultar el rastreo de los pagos.

Los investigadores añaden que, según el nuevo informe, la actividad de la presunta red criminal inicialmente radicada en Navarra se amplió a nivel nacional cuando Sánchez situó a Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. A partir del análisis de la documentación incautada en Servinabar, el juez ordenó intervenir en dos de las principales sedes de Acciona, una de las compañías más relevantes del sector de infraestructuras en España.

La investigación señala la existencia de varias UTE formadas por Acciona con Servinabar, a la que abonó varios millones de euros. Entre las obras ahora bajo la lupa figuran el puente del V Centenario en Sevilla, la autovía A-68 en Logroño y la actuación ferroviaria en Sant Feliu de Llobregat, según las fuentes del caso.

La atención del Supremo, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO se centra en el exdirector de Acciona Construcciones Justo Vicente Pelegrini, destituido el pasado 16 de junio, pocos días después de que se conociera el caso que acabó con Cerdán en Soto del Real. Los agentes pasaron varias horas revisando el área de dirección que controlaba Pelegrini y, además, registraron su domicilio.

La empresa sostiene que ha colaborado en todo momento con la policía judicial y recuerda que las diligencias «no presuponen ninguna irregularidad por parte de la compañía».

En las intervenciones realizadas en junio, la Guardia Civil encontró un contrato por el que Alonso cedía a Cerdán 1.350 participaciones sociales de las 3.000 totales de Servinabar. Más adelante se supo que Erkolan recibió 258.000 euros de Servinabar y destinó parte a pagar un sueldo a Belén Cerdán, hermana del ex dirigente socialista. Noran —otra cooperativa que los investigadores sospechan que tuvo función instrumental— recibió alrededor de 700.000 euros de la misma sociedad. Ambas entidades fueron registradas ayer en San Sebastián.

La Guardia Civil también inspeccionó dos compañías que formaron UTE con Acciona en Sevilla —Tecade y Freyssinet— en relación con las obras del puente del V Centenario.

En sus resoluciones, el instructor Puente subraya que Cerdán era «la persona que se encargaba de realizar los cobros indebidos a las empresas favorecidas» en las adjudicaciones. Una vez obtenidos esos pagos, «los distribuía haciéndolos llegar, al menos, a Koldo García y a Ábalos», quienes —según el juez— reclamaban directamente a Cerdán los importes cuando los necesitaban.

El magistrado añade que el ex alto cargo socialista conocía «inequívocamente» el monto total de los pagos indebidos relativos a cada obra adjudicada y el mecanismo concreto mediante el cual la adjudicataria abonaba las comisiones pactadas.

La causa continúa bajo secreto, si bien no se descarta que el instructor lo levante la próxima semana.