«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
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quiere que sus medidas se hagan extensibles después a toda españa

El vicepresidente valenciano anuncia medidas para «defender a los propietarios frente a la okupación ilegal»

El vicepresidente valenciano anuncia medidas para defender a los propietarios frente a la okupación ilegal. Europa Press.
El vicepresidente valenciano anuncia medidas para defender a los propietarios frente a la okupación ilegal. Europa Press.

El vicepresidente valenciano, Vicente Barrera, ha anunciado que su Gobierno pondrá en marcha medidas para «defender los derechos de los propietarios de las viviendas frente a la okupación ilegal. En concreto, el Consell estudia una acción conjunta entre la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y la de Justicia e Interior, informa la administración autonómica.

Barrera realizaba este anuncio en una visita, acompañado por altos cargos de Justicia, al barrio de la Magdalena de Massamagrell. Querían conocer su situación tras varios episodios de okupación ilegal de viviendas. «Desde el Consell nos queremos poner en marcha para defender, con la ley en la mano, a quien nunca se ha defendido», decía. En su opinión, estas personas son «los propietarios legítimos de las viviendas». Y critica que, actualmente, «con la ley (estatal) se defiende al delincuente».

Por contra, Barrera cree que «todas las víctimas tienen que saber que tienen un gobierno (el Consell) que entiende sus quejas». También que «en la medida de lo posible, vamos a luchar junto a ellos para acabar con esta lacra». Posteriormente mantuvieron una reunión de trabajo con la alcaldesa de la Massamagrell, Pilar Peris. En la misma, participaron la alcaldesa de Museros, Cristina Civera, y representantes municipales, judiciales y policiales.

El objetivo, explicaba el conseller y vicepresidente valenciano, es «denunciar la okupación ilegal no solo en la Comunitat Valenciana, sino en toda España». «Va en contra no solo de la ley, sino del sentido común, el hecho de que alguien pueda ilegalmente ocupar una vivienda y que las leyes no protejan al propietario legítimo», ha abundado.

«Lo deseable es que si alguien detecta que una propiedad privada ha sido okupada, pueda llamar a la policía y que saque a los delincuentes». Por su parte, la directora general de Atención a las Víctimas, Belén Pulgar, anunciaba que «va a poner a disposición todas las oficinas de delitos».

«Nuestra prioridad es que todas las personas víctimas de la okupación ilegal, a partir de ahora, tengan la protección con la que no contaban», ha aseverado. Actualmente hay 36 oficinas de delitos, totalmente gratuitas, con la atención de letrados, psicólogos y trabajadores sociales.

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