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Entre los terminales incautados, están el del propio Koldo y su mujer

El volcado y análisis de los móviles del caso Koldo llevará varios meses, según la UCO

El volcado y análisis de los móviles del caso Koldo llevará varios meses, según la UCO
Koldo García en la comisión de las mascarillas del Senado. Europa Press.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra con un problema para revisar de forma exhaustiva la información extraída de los teléfonos móviles y otros dispositivos requisados en el marco del caso Koldo. Según The Objective, la ingente información que contienen retrasará este análisis varios meses.

La Audiencia Nacional ya ha solicitado todas las transcripciones realizadas. Este informe es fundamental para aclarar el funcionamiento de la red de las mordidas en la venta de mascarillas. Pero la solicitud del Juzgado requiere que la Guardia Civil remita todo el material de las escuchas.

Los móviles requisados contienen información del Koldo García; su esposa, Patricia Uríz; o los empresarios Iñigo Rotaeche, Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama. El Juzgado pide a la UCO organizar el material en diferentes categorías. Estos serían medios técnicos de seguimiento y localización, comunicaciones orales, y transcripciones.

Además, también se ha incautado material perteneciente al hermano de Koldo, Joseba Izaguirre, y a Israel Pilar, otro empresario involucrado en la trama. Los investigadores están particularmente interesados en la información que pueda proporcionar Víctor de Aldama, interesado en colaborar con la Justicia.

El empresario podría conocer detalles de la implicación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en las actividades de la red. Gómez habría coordinado la importación de mascarillas y respiradores desde China con la directora de Wakalua, empresa del grupo Globalia que financiaba sus actividades del Africa Center.

Soluciones de Gestión, la empresa de la trama Koldo, obtuvo nueve contratos públicos por un total de 53 millones de euros. Tres de estos contratos fueron asignados por entidades vinculadas al Gobierno. Otros los suscribieron con las administraciones de Canarias y Baleares. Todos estos contratos están en el punto de mira de la UCO.

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