Casi un millón de electores extremeños acudirán este domingo a las urnas en Extremadura en unas elecciones adelantadas por el capricho de la presidenta, María Guardiola (PP), que no quiso aprobar unos Presupuestos con VOX, formación que exigía poner fin a las políticas «verdes» y a la inmigración masiva.
VOX quiere un «cambio de rumbo total» y se reivindica como «la alternativa de sentido común» frente al bipartidismo. Los sondeos auguran que mejorará sus resultados de 2023, unos comicios en los que consiguió el 8,12% y cinco diputados. Tanto el presidente, Santiago Abascal, como el candidato, Óscar Fernández, han reiterado durante toda la campaña el rechazo de VOX «al fanatismo verde, la invasión migratoria y la dictadura de género». La formación reitera que el «único» pacto que mantiene es con los extremeños para que «llegue a Extremadura el cambio» que Guardiola les robó.
La campaña ha estado marcada por una anomalía: un candidato… que está imputado. El socialista Miguel Ángel Gallardo está procesado y acusado de prevaricación y tráfico de influencias por la contratación del hermano de Pedro Sánchez a través de la Diputación de Badajoz, entidad que presidió durante diez años. «Es una estafa y una vergüenza para los extremeños que usted esté aquí», dijo Fernández (VOX) a Gallardo en el reciente debate electoral de RTVE. El PSOE, sin duda, se enfrenta a una posible debacle histórica en uno de sus feudos históricos.
Del total de 890.985 electores, 556.424 corresponden a la provincia de Badajoz y 334.561 a la de Cáceres. 860.375 son residentes en la comunidad, mientras que 30.610 lo hacen en el extranjero (voto CERA). Todos ellos elegirán a 36 diputados por la circunscripción de Badajoz y a 29 por la de Cáceres.
