En 2024, Aamir Ali, un pakistaní de 22 años, pagó 1.2 millones de rupias (casi 4.000 euros) a las mafias para llegar a España, según ha revelado el digital neerlandés Global Voices en una entrevista reciente. Su viaje, desde Punjab hasta Mauritania para ser embarcado con posterioridad desde Dakhla (Sáhara Occidental) en enero de 2025, refleja el alto coste que asumen los inmigrantes ilegales pakistaníes que optan por la entrada ilegal en Europa a través de la ruta canaria. Esta ruta, cada vez más frecuentada por asiáticos, enriquece ahora a redes criminales marroquíes y mauritanas, que aprovechan la ausencia de controles por parte de las autoridades del régimen alauí en el Sahara Occidental y desafía la seguridad fronteriza de España.
Los inmigrantes pakistaníes, principalmente de Punjab, desembolsan entre 1.6 y 2.5 millones de rupias (5.300-8.000 euros) a los traficantes. Estas sumas alimentan ahora un modelo de negocio que promete viajes seguros hacia el archipiélago canario, a pesar de que en muchas ocasiones son utilizadas embarcaciones de suma precariedad. En el naufragio de Dakhla, 66 pakistaníes pagaron entre 260.000 y 300.000 euros para ser embarcados hacia las Islas Canarias, sin embargo, 44 fallecieron a causa de un naufragio cuando apenas habían partido desde costas saharianas. Una de las numerosas consecuencias de seguir abogando por las rutas de la inmigración ilegal.
FRONTEX reportó el año pasado un total de 46.843 llegadas ilegales a Canarias, un 18 por ciento más que en 2023, con 384 pakistaníes contabilizados, frente a sólo cuatro en 2023. En 2025, ya son cerca de 100 los que han llegado en lo que va de año —según fuentes consultadas por LA GACETA—, consolidando así un cambio desde la ruta italiana, restringida por controles en Libia, hacia la atlántica.
Los inmigrantes ilegales parten mayoritariamente desde la ciudad pakistaní de Gujranwala, vuelan a Dubai, Etiopía o Senegal, y cruzan el Sahel hasta Mauritania o el Sahara Occidental. Desde puertos como Dakhla, El Aaiún o Cabo Bojador, pateras sobrecargadas zarpan hacia Canarias. La inexistencia de controles efectivos en el Sahara Occidental, territorio ocupado por Marruecos, facilita estas operaciones. Las autoridades marroquíes, que ejercen control de facto, hacen la vista gorda —según constatan a este medio fuentes de la Guardia Civil que operan en la zona—, permitiendo que redes de traficantes operen con impunidad en prácticamente todo el litoral saharaui.
Pero esta ruta no únicamente supone un modelo de negocio que incrementa los beneficios de las mafias de la inmigración ilegal, plantea además serios riesgos de seguridad. La Policía Nacional advierte de la posible infiltración de terroristas islamistas entre los inmigrantes ilegales de origen pakistaní, aprovechando la porosidad del Sahel, un foco de pugna constante entre células yihadistas. Además, la complicidad de funcionarios corruptos, como los 20 oficiales de la FIA pakistaní implicados en el caso de Dakhla, facilita la consolidación de este cambio de rutas desde Pakistán hacia las Islas Canarias, que además resulta avalado ante la negligencia de las autoridades marroquíes en el Sáhara Occidental, permitiendo que puertos como Dakhla sean convertidos en centros de tráfico de inmigrantes ilegales.
