Una de las primeras cuestiones que Fernando Grande-Marlaska tiene sobre la mesa es la subida de sueldo de los policías nacionales y los guardias civiles acordada por el anterior Gobierno e incluida en los presupuestos generales del Estado.
Fernando Grande-Marlaska luchó contra ETA en sus años como juez de la Audiencia Nacional, donde procesó a Arnaldo Otegi y fue blanco de la banda terrorista de ultraizquierda.
Investigó además el chivatazo dado a ETA en el bar Faisán en 2006. En marzo de 2005, el ahora ministro del Interior sustituyó al juez Baltasar Garzón en el Juzgado número 5, cuando este se marchó con una licencia de estudios para impartir clases en Nueva York (EEUU). Tras descubrir el chivatazo fue quien potenció su investigación. Recibió una oferta para convertirse en juez de enlace en Londres si congelaba el caso hasta el regreso de Garzón.
En plena investigación, Grande-Marlaska tuvo que abandonar el Juzgado tras la vuelta de la excedencia del titular de la plaza, Garzón, quien lo guardó en un cajón. Fue sólo cuando Garzón fue suspendido por una causa por prevaricación y aterrizó el juez Pablo Ruz cuando el asunto se reactivó hasta la condena de dos mandos policiales.
Aunque ETA ya se ha disuelto, todavía quedan sin resolver más de 300 atentados de la banda y la incógnita de un posible cambio en la política penitenciaria. Son de los desafíos a los que se enfrentará el nuevo equipo de Interior, junto con la amenaza yihadista y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Una de las primeras cuestiones que Fernando Grande-Marlaska tiene sobre la mesa es la subida de sueldo de los policías nacionales y los guardias civiles acordada por el anterior Gobierno e incluida en los presupuestos generales del Estado.
En manos del departamento de Marlaska, concretamente en la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, también puede estar atender a la solicitud de los golpistas presos de ser acercados a cárceles catalanas.
La presión del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, el aumento de la llegada de inmigrantes de forma irregular unido a un posible cambio de modelo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), una nueva ley de Tráfico -la DGT ya envió a Interior un borrador- o la reforma de la Ley Penitenciaria serán otros de los asuntos en los que deberá trabajar el nuevo equipo.
Estas son, por materias, algunos de los objetivos y medidas legislativas que el nuevo ministro tendrá en su despacho.
Terrorismo
Con la disolución de ETA hace un mes, algunas voces socialistas no han ocultado que tras el final de la banda la Ley Penitenciaria tiene posibilidades de favorecer algunas medidas de reinserción, por lo que se podría hablar de «acercamiento» de los presos «sin llevarse las manos a la cabeza», en palabras del portavoz del PSE en el Parlamento vasco.
Lo que no se prevé que se modifique es de momento el nivel de alerta antiterrorista que se sitúa en nivel 4 de una escala de 5 desde junio de 2015, aunque la lucha contra la amenaza yihadista seguirá siendo una prioridad para las Fuerzas de Seguridad.
Seguridad Ciudadana
El Gobierno de Sánchez tendrá que reactivar en el Congreso la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Respaldada en septiembre su derogación por la Cámara, la comisión de Interior tendrá que ponerse a trabajar con los partidos para acordar una norma nueva.
En materia de criminalidad, una de las mayores preocupaciones se sitúa en el incremento del narcotráfico en el Campo de Gibraltar y en el aumento de la violencia de los narcos.
Inmigración
El pasado año se triplicó la llegada de inmigrantes indocumentadas a las costas españolas, una tendencia que se mantiene y que incluso va a más en lo que va de año.
Interior tendrá que hacer previsiblemente frente a un fuerte repunte de pateras este verano, mientras en la UE se siguen dando pasos para que España, Italia y Grecia no asuman la «carga» de la inmigración de toda Europa.
Tráfico
A la sede del Paseo de la Castellana llegó hace meses un borrador sobre la futura ley de Tráfico que el Ejecutivo del PP quería impulsar. Ahora el nuevo equipo deberá decidir si continúa con la iniciativa, en la que se incluían más radares en vías convencionales, un nuevo examen para obtener el carné, la retirada del permiso a los conductores reincidentes en alcohol o drogas o bajar la tasa de alcoholemia para conductores profesionales.
Fuerzas de Seguridad
Tras una etapa protagonizada por las acusaciones de supuesto uso partidista de la Policía para actuar contra formaciones separatistas y Podemos, el exministro Juan Ignacio Zoido apostó por cambiar la estructura de mando, eliminar la figura del Director Adjunto Operativo (DAO) y hacer «un lavado» de cara en la cúpula policial con varios comisarios de su confianza.
Mantener a esos jefes en la Junta de Gobierno será decisión del nuevo ministro y nuevo director del cuerpo, ya que se trata de nombramientos de libre designación, aunque algunos de los designados como el jefe central de Seguridad Ciudadana José Antonio de la Rosa se jubilará este mismo año.
En el caso de la Guardia Civil, su propio escalafón y política de ascensos limita que el político de turno mueva de su puesto a sus mandos.
