El Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba, gobernado por el PSOE, se encuentra bajo la lupa por una presunta trama de compras irregulares que involucra facturas camufladas como material de limpieza, pero que, en realidad, habrían servido para adquirir productos como langostinos, gambas, paté, cremas solares y otros artículos de consumo personal.
El caso ha obligado a la alcaldesa socialista, Gema González, a abrir un expediente de información reservada tras detectarse facturas sin respaldo documental y con conceptos genéricos. Una de las irregularidades que encendió las alarmas fue una factura presentada en abril sin ticket, vinculada a una compra de 2024, cuando en un supermercado los pagos se hacen al instante. La documentación coincide en importe y fecha con tickets que reflejan artículos de consumo no esencial, muy alejados de las necesidades municipales.
La señalada es Ana María Casas, exconcejal del PSOE que ostentaba responsabilidades en áreas clave como Bienestar Social, Limpieza y Protección Civil. Fue cesada en mayo por «pérdida de confianza» y poco después abandonó el grupo socialista para pasar al grupo mixto. Aunque la regidora niega que el cese esté vinculado directamente con el escándalo, la cronología de los hechos apunta en otra dirección.
Durante el pleno del 26 de mayo, varios partidos de la oposición confirmaron que los rumores sobre estas prácticas llevaban tiempo circulando en el municipio.
La exconcejal, por su parte, ha admitido errores en la gestión y una falta de control, pero ha descartado dimitir. «Me defenderé desde dentro», afirmó, señalando que fue víctima de personas que se habrían aprovechado de su confianza.
El expediente en curso, actualmente en manos de la Secretaría del Ayuntamiento, deberá esclarecer si las compras beneficiaron realmente a familias vulnerables, como algunos han sugerido, o si fueron realizadas de forma fraudulenta. Por ahora, el PSOE local evita ofrecer el listado de supuestos beneficiarios alegando motivos de «protección de datos«.
La oposición reclama transparencia total y la apertura de una comisión de investigación. El Ayuntamiento, mientras tanto, asegura que «cada factura pasa muchos filtros» y que se actuará con responsabilidad cuando se resuelva la investigación.