España ostenta el récord europeo en aforamientos, con cerca de 250.000 personas que gozan de una protección jurídica especial, lo que les permite ser procesadas por tribunales superiores en lugar de comparecer ante los juzgados ordinarios como el resto de ciudadanos. Esta peculiaridad del ordenamiento español contrasta de forma drástica con la práctica habitual en el resto del continente, donde el número de personas aforadas es mínimo o directamente inexistente.
Francia, por ejemplo, sólo reconoce esta figura para el presidente de la República, el primer ministro y los miembros del Gobierno, con un total actual de 19 aforados, cifra que puede aumentar ligeramente según el tamaño del gabinete. Italia cuenta únicamente con el jefe del Estado como aforado, mientras que en Alemania y el Reino Unido no existe esta prerrogativa: todos los ciudadanos, sin excepción, comparecen ante los mismos jueces en igualdad de condiciones, según analiza The Objective. Portugal también limita esta figura al presidente de la República y otorga una inmunidad parlamentaria restringida a los miembros del Consejo de Estado.
En el caso español, sin embargo, el listado es amplio y diverso. Unas 17.600 personas están aforadas dentro del aparato institucional del Estado y las comunidades autónomas. Entre ellas figuran casi 2.000 cargos políticos, unos 5.500 jueces y alrededor de 2.700 fiscales, así como integrantes del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado o del Defensor del Pueblo. A ello se suman más de 232.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de agentes de las policías autonómicas, quienes disponen de un aforamiento parcial: si cometen un delito en acto de servicio, deben ser juzgados por una Audiencia Provincial. También la Familia Real cuenta con este blindaje, salvo el Rey, cuya figura es inviolable.
Aunque algunos defienden que el aforamiento sirve para garantizar la independencia de jueces, fiscales y cargos públicos frente a presiones externas, cada vez son más las voces que lo señalan como una herramienta de impunidad y privilegio político. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha reclamado insistentemente a España que reduzca el número de aforados por considerar que esta anomalía dificulta la labor judicial y resta credibilidad al sistema democrático.
El último informe de cumplimiento de GRECO, publicado en abril de 2025, reitera la falta de avances sustanciales en esta materia y critica que, a pesar de ciertas reformas emprendidas por algunos gobiernos autonómicos, el Estado central no ha acometido ningún cambio significativo. Según el organismo europeo, el principal obstáculo ha sido la falta de voluntad política para consensuar una modificación constitucional que limite estos privilegios.
Mientras tanto, casos concretos como el del socialista Miguel Ángel Gallardo han reavivado la controversia. Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, fue recientemente incorporado como diputado en la Asamblea de Extremadura, en medio de las críticas por estar siendo investigado por el presunto nombramiento irregular del hermano del presidente del Gobierno. Su ascenso al escaño le ha garantizado el aforamiento, lo que implica que será juzgado por una instancia superior, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, lo que podría favorecerle en términos procesales.