Muchas voces han interpretado la decisión del socialista Miguel Ángel Gallardo de dejar su puesto en la Diputación de Badajoz para convertirse en diputado autonómico como una maniobra para protegerse judicialmente en el caso que investiga presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La magistrada del Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz ya dictó el auto de apertura de juicio oral contra ambos, al considerar que pudieron incurrir en delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
No obstante, al adquirir la condición de aforado como parlamentario regional, Gallardo pasaría a ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en lugar de la Audiencia Provincial. Según fuentes jurídicas consultadas, este cambio podría retrasar el proceso judicial al menos ocho meses, ya que la defensa de Gallardo ya ha pedido a la juez instructora que se inhiba del caso, alegando que la competencia corresponde ahora a la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx.
Más allá del retraso, diversas fuentes jurídicas han denunciado la politización del órgano encargado de juzgar el caso. Según han explicado, uno de cada tres magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx llega al cargo por propuesta de los partidos y no proviene de la carrera judicial. A su juicio, este sistema permite que los partidos coloquen perfiles ideológicamente afines que, más tarde, pueden terminar juzgando a los mismos políticos que los impulsaron.
Desde Manos Limpias, que actúa como acusación popular, se ha interpuesto una denuncia por presuntos delitos de cohecho y fraude procesal, tanto contra Gallardo como contra la exdiputada María Cruz Rodríguez, a la que acusan de facilitarle el escaño. Según esa denuncia, se habría orquestado un plan para modificar artificialmente la composición de la Asamblea con el fin de permitir el aforamiento de Gallardo y cambiar el tribunal que debería juzgarle.
