España ha disparado por más de 13 la venta de armas a Marruecos en 2024 en comparación con 2023, experimentando un incremento del 1.264,77% en estas exportaciones. Según datos del Ministerio de Economía y Comercio adelantados por OkDiario, el volumen de ventas alcanzó los 21 millones de euros, muy por encima de los 1,5 millones registrados el año anterior. Dentro de esta categoría, el segmento que más creció fue el de bombas, granadas y torpedos, con un salto del 1.096,33%, al pasar de un millón de euros en 2023 a 12,8 millones el pasado año.
Aún más llamativo ha sido el aumento en la exportación de partes y accesorios de armamento, que se ha disparado un 79.739,22%. En 2023, estas ventas apenas sumaban 10.015 euros, mientras que en 2024 alcanzaron los ocho millones. Por otro lado, el envío de fusiles, rifles y pistolas de muelle también ha mostrado un ligero crecimiento, con un alza del 10%, situándose en 205.564 euros.
En contraste con esta expansión de las exportaciones militares, España apenas ha adquirido material bélico de Marruecos. En total, el país ha gastado únicamente 1.277 euros en armas provenientes del vecino del sur, repartidos entre 660 euros en rifles, fusiles y pistolas de muelle y 617 euros en sables, espadas y bayonetas. A nivel global, el balance comercial español en el sector armamentístico ha sido marcadamente positivo, con exportaciones por 858,4 millones de euros frente a importaciones de tan solo 290,76 millones.
Mientras España incrementa la venta de armamento al reino alauita, la OTAN presiona a sus miembros, incluida España, para que refuercen su inversión en defensa nacional. En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha señalado a países como España por no cumplir con los compromisos en gasto militar. Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha manifestado su rechazo a incrementar la inversión estatal en este ámbito y ha propuesto que sea la Comisión Europea la que asuma estos costes mediante subvenciones y préstamos.
Además, Cuerpo ha solicitado a Bruselas que, si finalmente los países deben costear estos gastos con recursos propios, estas inversiones no se reflejen en el déficit público. Su intención es evitar que las exigencias internacionales perjudiquen el cumplimiento de los objetivos fiscales de España dentro de la Unión Europea.
