España se encuentra en alerta máxima. Las detenciones por yihadismo se disparan, reflejando una amenaza creciente que las administraciones no pueden ignorar. El aumento alarmante de arrestos y la porosidad de nuestras fronteras sitúan al país en un escenario de alto riesgo.
Desde 2021, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han detenido a más de 300 individuos por terrorismo yihadista en España. En 2022, los arrestos crecieron un 17,9% respecto a 2021 (pasando de 39 a 46).
La escalada se disparó en 2023, con 78 detenciones, un aumento del 69,6% en un solo año. En 2024, la cifra alcanzó 81, un 3,8% más. Hasta mayo de este años ya se ha detenido a 60 yihadistas en territorio nacional. Si esta tendencia continúa, se podría cerrar 2025 con más de 140 detenciones, un máximo preocupante. Cataluña y Madrid lideran la estadística, pero hay una tendencia alarmante en Levante, Ceuta y Melilla.
Este incremento coincide con años de máxima permeabilidad fronteriza. La inmigración ilegal, especialmente desde regiones de alto riesgo como el Sahel, actúa como posible puente para el yihadismo. Casos como Abdel Bari, uno de los soldados del DAESH más buscados en Europa, detenido en 2020 en Almería, o Yassine Kanjaa, arrestado en 2024 en Algeciras, evidencian estos vínculos.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo 304 detenciones en cuatro años y medio. Pero los números hablan claro: la amenaza crece, y la inmigración ilegal puede ser el detonante de una crisis de magnitudes inimaginables.
