España lleva 11 años sin actualizar la Estrategia de Seguridad Energética, un documento clave diseñado para anticipar riesgos, garantizar el suministro y reducir la vulnerabilidad del país ante crisis externas. A pesar de los compromisos del Gobierno y de los trabajos anunciados en los últimos años, el plan sigue sin ver la luz.
La última versión vigente, según señala The Objective, se aprobó en 2015 y consta de apenas 29 páginas en las que se fijaban las bases para orientar la política energética dentro del marco de la seguridad nacional. Entre sus objetivos principales figuraban asegurar un abastecimiento estable, fomentar un sistema diversificado y reducir la elevada dependencia de recursos energéticos procedentes del exterior, una de las debilidades estructurales de España.
Esa dependencia fue precisamente uno de los factores que motivaron la elaboración de la estrategia, según fuentes conocedoras del documento. El contexto energético global y la exposición a tensiones geopolíticas impulsaron entonces un modelo que apostaba por combinar distintas fuentes de energía y reforzar la resiliencia del sistema.
Sin embargo, desde entonces han ocurrido múltiples acontecimientos que han transformado por completo el panorama energético internacional: la pandemia de covid-19, las disrupciones en las cadenas de suministro, la crisis energética derivada de los años 2021 y 2022 o la guerra en Ucrania. Todos estos factores han incrementado la presión sobre un sistema que continúa operando bajo un marco estratégico desfasado.
A pesar de ello, los intentos de actualización se han ido dilatando en el tiempo. En 2020, el Consejo de Seguridad Nacional dio luz verde a la revisión del documento, y un año después se confirmó que los trabajos habían comenzado. No obstante, en informes posteriores se introdujeron cambios terminológicos —como sustituir el enfoque de «seguridad energética» por el de «vulnerabilidad energética»— sin que se concretara una nueva estrategia completa.
El retraso ha cobrado especial relevancia tras el apagón del 28 de abril de 2025, que dejó sin electricidad a buena parte del país durante cerca de diez horas. Este episodio evidenció la necesidad de contar con un marco actualizado que permita anticipar y gestionar situaciones críticas en el sistema energético.
Tras ese incidente, el Ejecutivo activó de nuevo el proceso para aprobar el nuevo plan. A comienzos de 2026, la directora del Departamento de Seguridad Nacional, Loreto Gutiérrez, aseguró en el Senado que el borrador estaba en fase final. Según explicó, el documento será remitido a las comunidades autónomas y a expertos independientes antes de su aprobación definitiva.
En paralelo, la política energética actual mantiene retos importantes, como la intención de cerrar las centrales nucleares en 2035. Esta decisión obligaría a sustituir más del 19% de la producción eléctrica nacional con otras fuentes, principalmente renovables como la solar o la eólica, además del gas.
Mientras tanto, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, continúa desarrollando la agenda internacional del Gobierno en esta materia. Recientemente participó en un encuentro en Santa Marta, donde firmó acuerdos de cooperación con Colombia centrados en la descarbonización y la transición energética.
Pese a estos avances en el exterior, España sigue sin contar con una estrategia energética actualizada que sirva de hoja de ruta frente a los desafíos presentes y futuros del sector.
