El Parlamento Europeo debatió hace una semana acerca de la ley de amnistía que previsiblemente se aprobará en España gracias a los acuerdos entre el PSOE y los golpistas. En aquel debate, varios eurodiputados de los grupos popular y liberal compararon la deriva de España con la de Polonia y Hungría en materia de politización de la Justicia, ataques a la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes.
Este mismo jueves, Sánchez dio parcialmente la razón a todos los eurodiputados que denunciaban la situación al acusar públicamente en una entrevista de la televisión pública a los jueces de prevaricar. A la pregunta sobre si se ha instrumentalizado la Justicia en España respondió sin pensarlo dos veces y con total frialdad: «¿Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país? Definitivamente».
Con estas palabras, el presidente del Gobierno asumió públicamente el relato que los separatistas catalanes llevan años intentando colocar tanto en el exterior como a los ciudadanos de Cataluña. Según ellos, especialmente insistentes en Junts, la Justicia española se encuentra politizada e instrumentalizada con el único fin de perseguir a aquellos que defienden la «independencia y el derecho a la autodeterminación».
Pero las acusaciones contra los jueces y la Justicia española por parte de Pedro Sánchez no se quedaron ahí y fueron más allá al señalar de forma más o menos velada que prevarican, y para ello utilizó como ejemplo una comisión de investigación que tuvo lugar hace años en el Congreso, en relación con el caso Lino, cuyas conclusiones fueron requeridas por la Fiscalía Anticorrupción para seguir investigando el asunto.
Además de lo anterior, Sánchez atacó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al afirmar que: «Se ha instrumentalizado la Policía desgraciadamente en nuestro país para perseguir a adversarios políticos, para ocultar pruebas en causas judiciales». Este ataque también coincide con los que los golpistas catalanes han hecho durante mucho tiempo para intentar dañar la imagen exterior de España y ganar credibilidad en cuanto a la acusación de que España es «un Estado represor».
Polonia y Hungría no se pueden comparar con España
Tanto en Polonia como en Hungría, las reformas en torno al sistema judicial siempre se han ajustado a la legalidad de dichas naciones y no violan en ningún punto sus constituciones, algo que no ocurre en España, dado que la colonización de los órganos o el reparto de jueces se encuentra prohibido por la Constitución española, al reflejar que las instituciones deben ser neutrales y sus órganos independientes del poder político.
En el caso de Polonia, la reforma del sistema de justicia que ha llevado a cabo el Gobierno de Ley y Justicia, y que tanto ha molestado a los burócratas de Bruselas, pretende precisamente lo contrario de lo que hace Pedro Sánchez: despolitizar la justicia. Con esta premisa, el Gobierno conservador polaco quería sacar a los antiguos jueces de la etapa comunista del país de las instituciones judiciales, dado que no eran independientes precisamente por su vinculación directa con la dictadura.
Hungría es la otra bestia negra para la Unión Europea, y eso se puede observar en los ataques que el establishment bruselense realiza día sí y día también contra el Gobierno democrático de Viktor Orbán. El perjuicio contra la nación centroeuropea también ha llegado a la reforma de su sistema judicial, pese a que en ningún momento está atenta contra la Constitución húngara.
Por el contrario, en España, los jueces del CGPJ y del Tribunal Constitucional sí son nombrados por los partidos —PP, PSOE y Sumar participan siempre de este reparto—, pese a que la Constitución española establece que la Justicia debe ser independiente. Este caso no ha alarmado nunca a la Unión Europea, pese a las denuncias de VOX al respecto de la politización de la justicia. A todo lo anterior, se suman ahora los ataques de Pedro Sánchez contra la Justicia, la separación de poderes, el Estado de Derecho y la democracia española.
