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QUIERE MODIFICAR EL REGLAMENTO

El Gobierno de Sánchez ofrece que España asuma los costes de implementar el catalán, el euskera y gallego en la UE

Parlamento Europeo en Estrasburgo. Europa Press

Los países de la Unión Europea han pedido este viernes a España un dictamen de los servicios legales del Consejo y más tiempo para estudiar el impacto económico y político del reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la Unión Europea. Esta posición desvanece las opciones de acuerdo el próximo martes cuando lo discutan los ministros en Bruselas y ello a pesar de que el Gobierno ha ofrecido que sea España quien asuma el coste del uso de estas lenguas cooficiales.

En un debate a nivel de embajadores para preparar el encuentro del martes, varios países han expresado su apoyo al multilingüismo como puente para conectar con los ciudadanos y han mostrado comprensión hacia los intereses de España, pero también han planteado muchas «dudas» respecto al impacto de la medida tanto en el funcionamiento de la UE como en las arcas comunitarias.

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que ejerce de presidencia de turno del Consejo de la UE, introdujo en la agenda de los ministros europeos un intercambio de opiniones para modificar el reglamento sobre lenguas oficiales, con la intención de que el asunto fuera sometido ese mismo día a la votación del bloque.

Sin embargo, varios diplomáticos consultados apuntan que nadie comparte el «sentido de urgencia» que traslada España a sus socios, porque el resto de capitales ve prematuro tomar ningún tipo de decisión si no se han examinado a fondo cuestiones sobre las que el Gobierno no ha presentado aún detalles, por ejemplo cuál sería el coste estimado de sumar estas tres lenguas cooficiales a las 24 ya reconocidas en la UE o cómo prevé cubrir el número de traductores e intérpretes que serían necesarios.

También frena las opciones de acuerdo el temor entre varias delegaciones al encaje legal en los Tratados, aunque España defiende que la oficialidad de estas lenguas está reconocido por su Constitución y expone su introducción en el Congreso de los Diputados; así como el posible «efecto dominó» que podría generar en otros Estados miembros que se abriera la puerta a lenguas regionales.

Así las cosas, los socios europeos solicitan el aval jurídico del Consejo y evaluaciones de impacto detalladas sobre los aspectos financieros y administrativos si se cambiara el reglamento, lo que hace casi imposible que el martes se tome una decisión.

Se trata de documentos que requieren su tiempo de elaboración y varias delegaciones han dejado claro que quieren que todo ello sea examinado y discutido «en detalle a nivel técnico», es decir, en grupos de trabajo en los que abordar la reflexión más a largo plazo, y que consideran que «es muy pronto para tomar una decisión».

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