España registró 565 eutanasias durante 2025, según los datos facilitados por las comunidades y ciudades autónomas. La cifra equivale al 0,13% de todos los fallecimientos registrados en el país, es decir, una de cada 750 muertes.
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, aprobada hace cinco años, 1.668 personas han recibido esta prestación. El balance provisional, presentado en una jornada organizada por el Ministerio de Sanidad bajo el título «Cinco años de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia: Avanzando en derechos», constata además un incremento sostenido de las solicitudes.
Hasta la fecha se han contabilizado 3.716 peticiones de eutanasia, de las que 1.284 corresponden sólo a 2025. Ese año finalizaron 1.187 procesos, con independencia de cuándo se hubieran iniciado. De ellos, 565 concluyeron con la realización de la prestación, lo que supone el 47,7%.
El balance muestra también una diferencia significativa entre las patologías que originan las solicitudes y aquellas que aparecen en los casos finalmente ejecutados. Las enfermedades oncológicas concentran el mayor número de peticiones iniciales, con el 37% del total, mientras que las patologías neurológicas son la causa principal entre quienes finalmente reciben la prestación, con el 46%.
Entre las 1.284 solicitudes registradas en 2025, las enfermedades neurológicas representaron el 31%, por detrás de las oncológicas. Sin embargo, entre las prestaciones efectivas, las patologías neurológicas ascendieron al 46% y las oncológicas quedaron en torno al 30%.
El 83,9% de las personas que recibieron la eutanasia tenía más de 60 años. El 51% la recibió en un hospital, el 35% en su domicilio y el 14% restante en centros sociosanitarios. En el 98% de los casos, la administración corrió a cargo de un equipo sanitario.
El informe recoge además que 374 procesos acabaron con la muerte de la persona solicitante durante la tramitación, lo que representa el 31,5% de los procesos finalizados. En estos casos, el 61% correspondía a patologías oncológicas. La mayoría de esas muertes, 277, se produjo antes del informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días.
Otros 97 fallecimientos se produjeron una vez emitido el informe favorable de la Comisión. En esos casos, la persona solicitante ya contaba con una resolución favorable y podía acordar o aplazar la fecha de realización de la prestación, pero murió antes de que se llevara a cabo. El tiempo medio desde la solicitud fue de 104,9 días y la mediana, de 69 días.
Además, 157 solicitudes concluyeron con una denegación, el 13,2% de los procesos finalizados. La mayoría, el 77%, fue rechazada al inicio del procedimiento por el médico responsable. Otros 91 procesos finalizaron por revocación de la solicitud, el 8% del total.
Cataluña registró en 2025 la tasa más alta de solicitudes, con 6,14 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional, situada en 2,61. Le siguieron Navarra, con 5,41, y el País Vasco, con 5,13. También superaron la media La Rioja, Baleares, Cantabria, Asturias y Canarias.
La comparación internacional muestra que España mantiene cifras inferiores a otros países con marcos legales similares, aunque con una tendencia creciente desde la aprobación de la norma. La tasa de mortalidad por eutanasia fue del 0,13%, frente al 5,96% de Países Bajos, el 5,10% de Canadá y el 4% de Bélgica. En volumen absoluto, España registró 565 prestaciones en 2025, frente a 16.499 en Canadá y 10.341 en Países Bajos.
