El nuevo intento del Gobierno para lograr el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea ha chocado con las reservas de un tercio de sus socios y las dudas de los servicios legales del Consejo en el primer debate a nivel técnico. Según han señalado diversas fuentes diplomáticas, entre 8 y 9 países se mostraron «en contra o escépticos» ante la oficialidad de las lenguas cooficiales en España.
Los servicios jurídicos del Consejo también han puesto sobre la mesa las dudas que tienen sobre la legalidad de modificar el reglamento de lenguas de la UE para incluir el catalán, el euskera y el gallego porque no son lenguas de los Tratados, dado que en el caso de España los tratados los ha firmado en español únicamente. Así, la cuestión legal parece el principal problema, aunque las reservas de casi una decena de países para sacar adelante un asunto que requiere unanimidad es también un escollo importante.
No obstante, ha quedado la incógnita de cuál será la posición de un grupo de países que no tomaron la palabra en la reunión, pero cerca de una decena sí puso problemas, desde aquellos que temen un precedente para otras minorías lingüísticas (como la rusa en países bálticos) hasta quienes como Italia y Francia plantean reservas procedimentales y financieras.
