España registra en 2025 un total de 12,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale al 25,7% de la población, según datos publicados por Eurostat que recoge este domingo The Objective. Este nivel sitúa al país en la quinta posición de la Unión Europea en términos relativos, por detrás de Bulgaria, Grecia, Rumanía y Lituania, y confirma una tendencia de deterioro iniciada tras la pandemia de coronavirus. En comparación con 2019, el número de personas en situación de vulnerabilidad ha aumentado en 331.000, reflejando una pérdida de cohesión social clara desde que gobierna Pedro Sánchez.
La evolución de este indicador muestra un incremento significativo en 2020, cuando se alcanzaron los 12,64 millones de personas (27%), seguido de una recuperación parcial en los años posteriores. No obstante, los registros actuales permanecen por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria. En 2023 se contabilizaban 12,55 millones de personas en riesgo, cifra que descendió ligeramente en 2024 hasta los 12,45 millones, antes de repuntar nuevamente en 2025.
Diversos análisis coinciden en señalar que la pandemia actuó como un punto de inflexión en la desigualdad. Sectores especialmente afectados por las restricciones, como la hostelería o el ocio nocturno, registraron una incorporación inédita de trabajadores a los servicios de asistencia social. Al mismo tiempo, los colectivos previamente vulnerables experimentaron un agravamiento de su situación. Este doble impacto ha consolidado una brecha social persistente.
En el contexto europeo, España ocupa la cuarta posición en términos absolutos de población en riesgo, solo por detrás de Alemania, Francia e Italia. A nivel comunitario, un total de 92,7 millones de personas se encuentran en esta situación, con una ligera reducción respecto al año anterior. Los datos muestran que el desempleo continúa siendo el principal factor de vulnerabilidad, afectando al 66,3% de las personas sin trabajo.
En España, además, el fenómeno de los trabajadores pobres adquiere relevancia, con un 11,2% de ocupados en riesgo de pobreza, la segunda tasa más elevada de la Unión Europea. La pobreza infantil constituye otro indicador crítico, alcanzando el 28,4%, el nivel más alto del bloque comunitario y muy por encima de la media europea.
Las transferencias sociales reducen la pobreza en España en un 23,2%, una capacidad redistributiva inferior al promedio de la Unión Europea.
