La Policía Nacional ha detectado la emisión de certificados de vulnerabilidad en el proceso de «regularización» de inmigrantes ilegales sin que conste la realización de entrevistas personales ni valoraciones sociales individualizadas, requisitos considerados esenciales por la normativa vigente. Según publica Okdiario, estas prácticas se estarían produciendo, entre otros lugares, en la provincia de Almería, donde determinadas asociaciones habrían expedido dichos documentos de forma irregular.
El certificado de vulnerabilidad constituye un instrumento destinado a acreditar situaciones de precariedad económica y social mediante una evaluación técnica previa. En condiciones ordinarias, este proceso implica entrevistas, análisis del contexto familiar y seguimiento profesional. No obstante, se ha constatado la emisión directa del documento sin estos pasos, limitándose en algunos casos a la cumplimentación de datos básicos y la validación formal mediante sello y firma.
La Policía advierte de que esta situación podría facilitar la tramitación de expedientes sin garantías suficientes, dificultando la verificación de antecedentes y la correcta identificación de los solicitantes. Asimismo, se ha observado la posibilidad de que algunos expedientes se gestionen sin la presencia efectiva de los interesados en territorio nacional.
Las fuentes consultadas señalan que estas prácticas resultan difíciles de perseguir debido a la falta de denuncias por parte de los afectados, motivada en gran medida por su situación administrativa. Paralelamente, se ha detectado la existencia de pagos asociados a la expedición de estos certificados, formalizados bajo conceptos como aportaciones o cuotas, pese a tratarse de un servicio que es gratuito en el ámbito público.
Representantes sindicales del ámbito policial han expresado su preocupación por el impacto de estas irregularidades en los mecanismos de control y en la calidad de la información disponible en los expedientes. Subrayan que la ausencia de criterios homogéneos, junto con la presión derivada de los plazos y la alta demanda, podría estar generando un entorno propicio para la aparición de prácticas no ajustadas a la finalidad del procedimiento.
En este contexto, se apunta a la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión, establecer criterios claros sobre las entidades autorizadas para emitir estos certificados y dotar de mayores recursos a los organismos encargados de la gestión y verificación. La situación descrita plantea interrogantes sobre la eficacia de los controles actuales y su adecuación a un proceso de regularización de amplio alcance.
