El Gobierno de Sánchez ha aprobado un nuevo marco normativo que introduce modificaciones relevantes en los procedimientos de «regularización» de inmigrantes ilegales. Según publica The Objective, la medida, articulada mediante real decreto, incorpora el concepto de «vulnerabilidad» como uno de los tres supuestos habilitantes para acceder a la «regularización», junto con la acreditación de actividad laboral —real o proyectada— y la existencia de vínculos familiares en territorio nacional.
El modelo de certificado de «vulnerabilidad», difundido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, contempla hasta doce categorías que permiten justificar dicha condición. Entre ellas se incluyen situaciones como el aislamiento social, el sinhogarismo, la carencia de ingresos suficientes, el riesgo de exclusión económica, la dificultad de acceso al empleo y la presencia de riesgos psicosociales. Asimismo, el documento incorpora una categoría abierta bajo la denominación de «otros», cuya definición no se precisa en el texto normativo.
La amplitud de estos criterios introduce un grado significativo de indeterminación, lo que podría derivar en interpretaciones heterogéneas durante su aplicación. La ausencia de umbrales cuantitativos o definiciones operativas claras —por ejemplo, en relación con ingresos mínimos o condiciones habitacionales— dificultaría la estandarización de los procedimientos administrativos, señala The Objective.
El proceso de certificación recaerá en servicios sociales y entidades autorizadas inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería. Estas organizaciones serán responsables de validar los informes de vulnerabilidad, siempre que estos se encuentren debidamente sellados. No obstante, se ha destacado que el reglamento no establece directrices metodológicas detalladas sobre la elaboración de dichos informes, lo que podría incrementar la discrecionalidad en su emisión.
En paralelo, el nuevo marco normativo contempla ajustes en los requisitos relacionados con antecedentes penales. Aunque se mantiene la necesidad de presentar certificaciones oficiales, se han ampliado los plazos para su obtención y se prevé la intervención de canales diplomáticos en caso de retrasos. Este mecanismo permitiría extender el periodo de verificación hasta varios meses, con el objetivo de facilitar la tramitación de expedientes en contextos de cooperación internacional limitada.
Asimismo, la normativa establece que la existencia de antecedentes no implicará automáticamente la denegación de la solicitud, sino que será objeto de valoración individualizada.
Otro elemento destacado es la ausencia de una memoria económica detallada que cuantifique el impacto presupuestario de la medida, oscilando desde cifras cercanas al medio millón hasta proyecciones superiores al millón de personas, incluyendo efectos indirectos derivados de procesos de reagrupación familiar.
