Méndez de Vigo ignora a aquellos que reclaman el español en Cataluña

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), «satisfecha» por la respuesta del Parlamento Europeo tras la denuncia de la discriminación y vulneración de los derechos lingüísticos de la comunidad castellanohablante en Cataluña.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) se ha mostrado «satisfecha» después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) decidiera el pasado martes enviar una carta a la Generalitat de Cataluña para preguntar sobre la presunta discriminación lingüística a los castellanohablantes y sobre el incumplimiento del mandato judicial -del Tribunal Supremo- en 2015 sobre el mínimo de clases que tienen que ser impartidas en español. «Se han escuchado nuestra reivindicaciones», ha dicho Ana Losada, tras manifestar que «Europa» les ha abierto una puerta cerrada tanto por el Govern como por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. En este sentido, ha manifestado que enviaron una carta al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, para exigirle que se cumpla la ley en Cataluña y se aplique un sistema de conjunción lingüística, y todavía no han recibido respuesta.
Ana Losada, presidenta de la AEB, y Carlos Silva, vicepresidente de Impulso Ciudadano, denunciaron ante los eurodiputados la discriminación y vulneración de los derechos lingüísticos en Cataluña y la imposición de un modelo que antepone el uso exclusivo del catalán por encima de sus situación personales excepcionales, algo que contraviene el marco jurídico de la Unión Europea.
En declaraciones a La Gaceta, Losada ha puesto en valor que la presidenta de dicha comisión, Cecilia Wikström, no haya descartado enviar a un equipo de expertos para examinar la situación en los colegios catalanes tras el «paso previo» de la carta y ha asegurado desconocer el plazo dado por la Comisión y si la respuesta la tendrá que dar el Gobierno de España, que controla ahora la Generalitat, o el Gobierno autonómico entrante. Cree que es «positivo» que las dos causas presentadas sigan abiertas. Una -la de la AEB- engloba la discriminación a los alumnos castellanohablantes con necesidades educativas especiales y la restricción de la libertad de movimientos de las familias, y otra -la de la asociación Impulso Ciudadano- plantea la discriminación lingüística que se sufre en el ámbito del consumo por las multas que se imponen a comerciantes que no rotulan en catalán. «Considera la comisión que hay pruebas suficientes para mantener las causas abiertas y eso es bueno», ha añadido.
Losada ha afirmado que pese a apoyar al sindicato AMES -sin representación sindical en la escuela catalana- en la petición de incluir en la preinscripción una casilla para elegir el español como lengua vehicular sabían que no era «factible» por el sistema educativo catalán y que, por ejemplo, se habría podido hacer en un sistema como el vasco.
Asimismo, ha añadido que al Gobierno le exigen que haga cumplir la ley y que tal y como han establecido los tribunales los centros aseguren una presencia del español en un 25% de las horas lectivas, debiendo impartirse en dicha lengua oficial además de la materia correspondiente a su aprendizaje, otra de carácter troncal, y ha denunciado que a lo largo de la enseñanza obligatoria se dan cero horas semanales en Educación Infantil -de 0 a seis años-, dos horas en Educación Primaria y tres horas en Educación Secundaria.
Cuestionada por el apoyo de Cáritas al manifiesto ‘El catalán, lengua común’ de la Plataforma per la Llengua, apoyado también por el F.C.Barcelona y los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical-CSC, la entidad presidida por Carles Sastre, exmilitante de Terra Lluire y condenado a 48 años de prisión por el asesinato de José María Bultó-, ha dicho que visto lo visto los firmantes, que «tienen derecho a opinar lo que quieran», «viven en un mundo ajeno a la realidad» porque la sociedad catalana es bilingüe y la escuela no representa esa «diversidad sociolingüística». A propósito de esta diversidad ha rememorado el estudio de GESOP -encargado por Societat Civil Catalana a principios de 2017- que concluye que solo el 8,8% opta por un modelo monolingüe en catalán, mientras que el 75,6% opta por el trilingüismo.
La AEB, que rechaza el mantra de que la inmersión es un modelo reconocido internacionalmente y recuerda que Cataluña es el único territorio del entorno democrático europeo donde una lengua oficial no es vehicular en la escuela, ha reiterado en numerosas ocasiones que su intención no es perjudicar al catalán en escuelas o instituciones, sino que se respeten los derechos de los castellanohablantes. «Parece que solo es posible proteger el catalán si se ataca o se arrincona al castellano, pero esto no es así», ha repetido Losada, tras afirmar que «es imposible que una sociedad que quiere convivir en paz no respete a los catalanes que tienen el castellano como lengua materna».