Agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) destinados en Ceuta y Marruecos acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de haber ocultado las alertas que trasladaron a Madrid antes de la invasión fronteriza de los días 30 y 31 de julio. Según publica The Objective, estas fuentes califican de «burdos» y «tramposos» los 40 documentos desclasificados por el Ejecutivo porque sólo incorporan, sostienen, aquellos informes que favorecen el relato de Moncloa.
Los documentos divulgados por el Gobierno evitan atribuir a los servicios secretos marroquíes una operación de guerra híbrida, pese a que los colaboradores del CNI en Marruecos habrían advertido días antes de los movimientos que precedieron a la entrada de más de 80.000 inmigrantes ilegales por mar y tierra en Ceuta.
Las fuentes de Inteligencia sostienen que la avalancha fue propiciada y asistida por los servicios marroquíes. Sus advertencias coincidirían con los informes elaborados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente del Ministerio del Interior y dirigido desde hace una década por el comisario principal David Agorreta.
Tanto los análisis del CNI como los del CENIF apuntaban, según la información publicada, a una estrategia de Rabat para desestabilizar Ceuta y reactivar sus reivindicaciones sobre la soberanía de la ciudad autónoma, Melilla, las islas Chafarinas y los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera.
Una operación para desgastar Ceuta
Expertos en estrategia militar consultados por el citado medio consideran que Marruecos evitó una confrontación directa con España y recurrió a métodos propios de una guerra híbrida. El objetivo habría sido provocar una crisis social, económica, sanitaria e institucional dentro de Ceuta, además de alimentar entre sus habitantes una sensación de abandono por parte del Estado.
La operación habría permitido a Rabat colapsar servicios públicos, deteriorar la convivencia, paralizar parte de la economía local y obligar a España a afrontar un proceso prolongado para identificar, alojar y devolver a los inmigrantes ilegales. También habría servido para devolver al escenario internacional las aspiraciones anexionistas marroquíes.
«Nuestros colegas de los servicios secretos marroquíes valoraban que los cerca de cien mil invasores jamás permanecerían en Ceuta, pero para ellos, con sólo un 10% de esos inmigrantes y un par de miles de menores no acompañados, bastaba para lograr sus objetivos de desestabilización social, económica y política», explica una fuente de la Inteligencia española citada por The Objective.
El cálculo marroquí habría incluido desde el principio una respuesta insuficiente del Gobierno de Sánchez. Semanas después de la invasión, todavía permanecen en Ceuta alrededor de diez mil inmigrantes sin controlar, además de unos 3.000 menores, de acuerdo con los datos recogidos por el medio.
La llegada masiva ha golpeado a una ciudad de dimensiones reducidas, cercada por el mar y la frontera con Marruecos. Los vecinos denuncian el hundimiento de la actividad económica y el deterioro de la convivencia mientras Moncloa trata de distribuir parte de los inmigrantes por la Península y habilita nuevos espacios para alojarlos.
Las pretensiones anexionistas de Rabat
La estrategia de Marruecos también buscaría introducir entre los socios europeos su propio relato sobre Ceuta y Melilla. Rabat mantiene desde 1975 sus reivindicaciones ante Naciones Unidas y ha llegado a comparar la situación de ambas ciudades españolas con la de los territorios palestinos.
Ceuta y Melilla, sin embargo, pertenecen a España desde mucho antes de la constitución del Estado marroquí en 1956. Melilla es española desde 1497 y Ceuta quedó incorporada definitivamente a la Corona española en el siglo XVII. Ninguna de las dos ciudades, como tampoco las islas y peñones españoles del norte de África, figura en la lista de territorios pendientes de descolonización de Naciones Unidas.
La inmigración ilegal constituye sólo uno de los instrumentos de presión atribuidos al régimen alauí. Las fuentes consultadas señalan también la pesca, la presión sobre Canarias, el tráfico de hachís, el control de mezquitas financiadas desde Marruecos y la posible instrumentalización del islamismo como herramientas utilizadas para condicionar las decisiones de Madrid.
La sombra de Pegasus sobre Moncloa
Los agentes consultados vinculan la falta de una respuesta contundente por parte del Ejecutivo con el espionaje mediante Pegasus sufrido por Pedro Sánchez y varios de sus ministros. El teléfono del presidente fue infectado con este programa, capaz de acceder a mensajes, llamadas, contraseñas, ubicaciones y contenidos de las aplicaciones.
Las fuentes citadas atribuyen a los servicios secretos marroquíes la intrusión en los dispositivos de Sánchez y de cuatro miembros de su Gobierno. Sin embargo, no se ha acreditado públicamente qué país estuvo detrás del ataque ni qué información fue sustraída.
«Los intereses personales del presidente han condicionado la seguridad de todo un país y han puesto en discusión la soberanía de nuestras fronteras», denuncia una fuente del espionaje español. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles, cuyos terminales también fueron afectados por Pegasus, estarían expuestos a la misma presión, según esta versión.
Las acusaciones de los agentes agravan las dudas sobre una desclasificación dirigida y controlada por el propio Gobierno. Mientras Moncloa presenta los 40 documentos como una prueba de transparencia, las fuentes que trabajaron sobre el terreno denuncian que el Ejecutivo ha dejado fuera precisamente los informes que podían acreditar que conocía las maniobras de Rabat antes de que decenas de miles de inmigrantes ilegales cruzaran la frontera española.
