Nuevos datos revelados esta semana sobre el proceso de regularización de inmigrantes indican que las previsiones iniciales del Gobierno de Pedro Sánchez eran falsas. Lo que en un principio se presentó como una medida destinada a beneficiar a unos 500.000 extranjeros en situación ilegal podría acabar alcanzando a cerca de un millón de personas, según las estimaciones que manejan ONG y entidades colaboradoras cuando apenas quedan unos días para el cierre del plazo de presentación de solicitudes.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconocen que ya se han registrado más de 900.000 peticiones. La cifra ha superado ampliamente las previsiones oficiales y ha despertado inquietud entre expertos en demografía, vivienda, economía y seguridad, que alertan de la presión adicional que podría recaer sobre distintos servicios públicos.
Uno de los ámbitos que más preocupa es el mercado inmobiliario. Diversos analistas sostienen que el incremento de población derivado de la regularización, unido a los futuros procesos de reunificación familiar, puede aumentar todavía más la demanda de vivienda en las grandes ciudades, donde la oferta ya resulta insuficiente. El déficit habitacional en España continúa creciendo y organismos como el Banco de España han advertido recientemente del importante desfase existente entre la creación de nuevos hogares y la construcción de viviendas.
Alejandro Macarrón, responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS, considera que el Ejecutivo era consciente de que el número real de beneficiarios sería muy superior al anunciado inicialmente. A su juicio, un aumento de tal magnitud tendrá consecuencias especialmente visibles en aquellas zonas donde el mercado residencial lleva años tensionado.
También desde el sector inmobiliario se apunta a las grandes urbes como las más afectadas. La concentración de oportunidades laborales sigue atrayendo población extranjera hacia las principales áreas metropolitanas, generando una demanda que, según expertos del sector, la construcción actual no es capaz de absorber al mismo ritmo.
En materia sanitaria, los datos oficiales muestran que los inmigrantes utilizan actualmente los servicios públicos en una proporción ligeramente inferior a la de los nacidos en España. Sin embargo, algunos especialistas recuerdan que esta realidad podría modificarse con el paso de los años a medida que la población extranjera envejezca y aumenten sus necesidades asistenciales.
La educación es otro de los ámbitos señalados por algunos demógrafos. La llegada de nuevas familias con hijos en edad escolar obligará a reforzar recursos en determinados centros educativos, especialmente en aquellas zonas que ya registran una elevada concentración de alumnado extranjero.
Mientras tanto, los sindicatos policiales han expresado su preocupación por la gestión administrativa del proceso. Denuncian que las unidades encargadas de revisar los expedientes están afrontando una carga de trabajo muy superior a la prevista sin que se hayan incrementado de forma significativa los recursos disponibles.
Los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado advierten además de la necesidad de extremar los controles documentales para detectar posibles irregularidades o fraudes. Entre sus principales inquietudes figura la comprobación de los certificados de antecedentes penales, un requisito considerado esencial para evaluar la idoneidad de los solicitantes.
A todo ello se suma la estrategia impulsada por el Gobierno para facilitar el registro de solicitudes antes del cierre del plazo. Según distintas informaciones, los inmigrantes pueden presentar inicialmente sus expedientes aunque les falte algún documento obligatorio, disponiendo posteriormente de un periodo adicional para completarlos una vez formalizada la solicitud.
