Agricultores de Jaén y Córdoba han alzado su voz en una nueva fase del extenso conflicto que se desarrolla en el campo español contra las empresas multinacionales que impulsan megaproyectos de energía fotovoltaica. Bajo el ya conocido lema «Renovables sí, pero no así», los trabajadores del campo andaluz protestan por una serie de iniciativas que comienzan con la expropiación forzosa de tierras y la tala masiva de olivos, pilares económicos y culturales de la región que se han cultivado durante generaciones.
Una de las principales preocupaciones es que estos proyectos solares se están desarrollando en la misma área propuesta para ser reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, bajo el nombre de Paisaje del Olivar Andaluz, según adelanta ElPeriódico. Esta candidatura resaltaba la importancia ambiental y cultural de los vastos olivares de la región, pero ahora se enfrenta a un futuro incierto por las presiones de los grupos promotores. A pesar de ello, esta situación evidencia el valor del área en cuestión, que podría verse gravemente afectada por las nuevas plantas solares.
El próximo 7 de noviembre, los propietarios afectados han sido convocados para iniciar formalmente los procedimientos de expropiación. En los municipios de Lopera, Arjona y Marmolejo, en la provincia de Jaén, se prevé la pérdida de hasta 100.000 olivos, según estimaciones de la plataforma de la Campiña Norte, que se opone firmemente a los megaproyectos solares. La superficie afectada equivale a más de 100 campos de fútbol.
Detrás de estos proyectos se encuentra Greenalia Solar, la empresa promotora de los parques solares Zumajo I y II, entre otros, en los municipios mencionados. Todos ellos ya han sido declarados de «utilidad pública» por la Junta de Andalucía, lo que permitió desestimar las alegaciones presentadas por individuos, empresas y organizaciones. Greenalia, con sede en Galicia, tiene experiencia en la instalación de plantas fotovoltaicas tanto en España como en Estados Unidos.
Los agricultores y sus familias ven en estas iniciativas un ataque directo a su sustento. Según denuncian, lejos de generar empleo, las megaplantas solares acabarán destruyendo puestos de trabajo locales vinculados a la recolección de la aceituna, un sector clave para la economía rural de la zona. «Nos están quitando las tierras que pertenecieron a nuestros ancestros», denuncian los afectados, quienes señalan que la energía producida no beneficiará a la comunidad local, ya que será vendida al resto de Europa.
La Plataforma de la Campiña Norte ha advertido sobre la estrategia de «fragmentación de proyectos» utilizada por las compañías energéticas, lo que les permite evitar controles administrativos más estrictos. Según esta plataforma, los proyectos se presentan como unidades pequeñas, con menos de 50 megavatios de capacidad o menos de 100 hectáreas, a pesar de estar muy próximos entre sí, lo que facilita su tramitación y aprobación.
